La Corte Suprema de Justicia decidió que la causa por la mansión de Pilar, que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deje de tramitarse en el juzgado federal de Campana y vuelva a los tribunales de Comodoro Py.
Según la resolución, el máximo tribunal judicial ordenó que el caso quede en manos del Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Daniel Rafecas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron hacer lugar al recurso de queja presentado por Mario Alberto Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien cuestionó que se le haya otorgado la competencia del caso al juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Villar había recibido un revés en las instancias previas. En octubre de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso para que el caso por presunto lavado de activos cambie de juzgado. Por eso, acudió a la Corte Suprema, que finalmente falló a su favor.
El caso investiga el presunto lavado de dinero en la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, que se encuentra a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
Ambos son apuntados como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino, ya que sus ingresos no corresponderían con el valor del inmueble de 105.000 metros cuadrados tasado en más de US$ 20 millones.
La medida del máximo tribunal de Justicia representa un revés para los intereses de la casa madre del fútbol argentino, que busca unificar las distintas causas que involucran a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia en Campana.
Los jueces del máximo tribunal de justicia aceptaron su competencia en el caso para "encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite" sobre cuál es el juzgado que debía intervenir.
"La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable", apuntaron.
Si bien la decisión de que la causa por la mansión de Pilar pase a Campana se basó en el lugar donde se encuentra el inmueble, la Corte Suprema remarcó que hay "elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Entre ellos, mencionó que Real Central SRL, la sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, tiene su sede en territorio porteño, y que la escritura de adquisición también se firmó allí. Además, sumó que la AFA tenía su sede en la ciudad al momento de los hechos.
Con respecto a la causa, para los jueces "es claro que se trata de una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas".
Al respecto, afirmaron que si bien la mansión fue el puntapié para realizar la denuncia y abrir el expediente, "de ningún modo abarca el objeto de investigación".
La Corte también criticó el fallo de Casación que rechazó el pedido de Villar para que la causa pase a Comodoro Py. Cuestionaron que "centró su análisis en la competencia en razón de la materia pero pasó por alto los agravios del Ministerio Público Fiscal relativos a la competencia territorial, según los cuales corresponde que intervenga la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

