La presentación judicial solicita que se rehabilite de inmediato el ingreso de las periodistas que cubren desde hace años la actividad oficial.
En las últimas horas se presentó un amparo contra el Estado nacional para que se restituya el acceso de los periodistas a la Casa Rosada, luego de que el Gobierno decidiera retirar sus acreditaciones y bloquear su ingreso a la sede del Poder Ejecutivo.
La presentación judicial, que incluye el pedido de una medida cautelar innovativa urgente, solicita que se rehabilite de inmediato el ingreso de las periodistas que cubren desde hace años la actividad oficial. Según se detalla en el escrito, ambas contaban con acreditación permanente, pero el pasado 23 de abril se les impidió el acceso cuando intentaron ingresar a Balcarce 50.
De acuerdo con la demanda presentada por Ámbito, personal de Casa Militar les informó en ese momento que sus huellas digitales habían sido eliminadas del sistema, lo que les impidió continuar con su tarea habitual.
En el amparo se sostiene que la decisión fue adoptada de manera “ilegítima y arbitraria” por el Poder Ejecutivo, y se apunta contra distintos organismos involucrados en el control de accesos y la política de comunicación oficial, entre ellos la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar.
El planteo judicial advierte que la medida vulnera derechos constitucionales, como la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el principio de igualdad ante la ley. Además, señala que la restricción no solo afecta a las periodistas directamente involucradas, sino también al derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno.
En el escrito se remarca que las profesionales Liliana Franco y Cecilia Camarano estaban debidamente registradas y que se habían cumplido todos los requisitos administrativos exigidos para mantener las acreditaciones vigentes.
Como parte del contexto, se mencionan declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien sostuvo públicamente que la decisión de retirar las huellas dactilares a periodistas acreditados se adoptó de manera preventiva ante una denuncia por presunto espionaje ilegal.
Frente a esa situación, la demanda solicita a la Justicia que ordene de manera urgente la restitución del acceso para que las periodistas puedan retomar sus tareas de cobertura en la Casa Rosada.
El planteo también incorpora pronunciamientos de entidades periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que manifestaron su preocupación por las restricciones al acceso de la prensa a la sede del Poder Ejecutivo.
Por último, el amparo pide que se declare la inconstitucionalidad de la medida y que se garantice el restablecimiento de las acreditaciones, en un caso que vuelve a poner en discusión los límites al trabajo periodístico en ámbitos oficiales.
