Los testimonios se repiten una y otra vez a lo largo y ancho de todo el país. Personas a las que les falta un brazo o una pierna; madres y padres de niños neurodivergentes o con síndrome de Down; hombres y mujeres que sufrieron algún accidente y los dejó incapacitados para poder trabajar,
En muchos casos, cuando van a consultar a alguna sede de ANDIS ,luego de hacer varias horas de cola- se enteran que les habían enviado una carta documento para auditarlos, pero que nunca les llegó. La misma situación están viviendo los más de 1200 prestadores registrados en la Agencia.
Las cartas documento fueron enviadas en la mayoría de los casos a domicilios equivocados, sin lectura de braille para personas ciegas, con citaciones para el trámite a más de 200 km y con la exigencia de presentar documentación médica con solo una semana de plazo. De esta manera, las auditorías se transformaron en una verdadera barrera para las personas con discapacidad y derivaron en una quita del beneficio que consta del 70% de la jubilación mínima más el bono. Unos $290.000 por mes.
Cuando asumió el gobierno de Javier Milei había cerca de 1,2 millones de beneficiarios. La pensión por discapacidad es un piso que da el Estado para que las personas puedan desarrollar su vida de la manera más independiente posible.
“Dar de baja las pensiones es mi trabajo”, se le escucha decir a Spagnuolo en uno de los audios. Es lo que Spagnuolo dice que le dijo a un enviado del ministro Federico Sturzenegger, quien lo presionaba por ejecutar el recorte.
TESTIMONIOS
Familias y personas con discapacidad relataron, entre otras cosas, humillaciones en las revisaciones médicas de la auditoría, la quita de las pensiones sin previo aviso y la interrupción de los apoyos.
Micaela Herrera tiene 32 años y vive en José C. Paz: “A mí me auditaron dos veces. Fue muy horrible. Yo estoy en silla de ruedas. Tengo meningocele e hidrocefalia. Las médicas me miraban con asco. Me miraban las piernas y los pies por si los movía”.
Natalia tiene una hija con síndrome de down: “Mi hija tiene el Certificado de Discapacidad (CUD) pero nos sacaron la pensión porque tenemos obra social (que no nos cubre casi nada).
“A mi hermano le mandaron la notificación, pero a una dirección incorrecta, por ende, nunca pudo hacer la auditoría”, relata María de Los Ángeles.
Es en esta burocracia quedaron envueltas las familias y personas con discapacidad, mientras temen dejar de cobrar y quedarse sin sus terapias.
Un trabajador de una delegación de ANSES de una ciudad muy importante de la provincia de Córdoba, quien pidió mantener su nombre en reserva, relató cómo viven la situación en la Agencia: “Ayer un hombre en silla de ruedas, sin las piernas, me explicaba que no tiene casa, que vive donde puede y por eso no le llegó ninguna carta documento y le sacaron la pensión. Todos los días terminamos destruidos con mis compañeros. Porque sabemos que las pensiones que se suspendieron, si se solucionan, van a tardar varios en meses en empezar a cobrar otra vez”.
AUDITORÍAS A PRESTADORES
Las auditorías no solo son sobre las pensiones. La gestión libertaria en la ANDIS también puso en la mira a los centros de apoyo y prestadores.
El plan Incluir, que depende de ANDIS, tiene una red de 1.200 prestadores en todo el país que funcionan como proveedores de la Agencia. Son los centros de apoyo, de día o educativos/terapéuticos que atienden a personas con discapacidad en forma gratuita a quienes no tienen obra social ni ningún tipo de cobertura médica.
Como parte del plan de recortes, la ANDIS también comenzó a auditar y dar de baja a muchos de estos centros, lo que dejó sin sus terapias y apoyos a los beneficiarios.
SIN AUMENTOS
A la situación de las auditorías se suma la emergencia en todo el sector por la no actualización de los valores del nomenclador desde diciembre del año 2024, lo que derivó en un recorte sin precedentes en los aranceles para los prestadores. También en la interrupción de la cadena de pagos.
Acompañantes terapéuticos, integradores/as escolares, terapistas ocupacionales cobran en la actualidad salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que deriva en la interrupción de los apoyos y el transporte para miles de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.
