Las evidencias reunidas hasta el momento por el fiscal federal Franco Picardi indican que ambos habrían respondido a los intereses de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados, quien habría operado como lobista entre el sector privado y la ANDIS, y que fue calificado por la acusación como “jefe paraestatal” del organismo.
En las últimas dos semanas pasaron ante el fiscal y el juez Sebastián Casanello los cuatro principales acusados -Calvete, Pablo Atchabahian, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini-, pero ninguno respondió preguntas.
El rol Eduardo Nelio González
“Pino” González fue designado formalmente como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas el 12 de junio de 2025. Sin embargo, se sospecha que en los hechos intervenía desde mucho antes, al menos desde el cambio de gestión.
La investigación lo colocó como una figura central de articulación en el esquema de contrataciones de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), en el que el 93% de los fondos iban para cuatro droguerías.
Al pedir su indagatoria, el fiscal Picardi sostuvo que González mantuvo vínculos estrechos y de larga data con Miguel Ángel Calvete. La relación entre ellos se remonta al menos a octubre de 2006, cuando fundaron una sociedad juntos.
La Fiscalía tiene pruebas de que González habría recibido dinero de manera inapropiada durante el ejercicio de funciones. Por ejemplo, en junio de este año, el imputado le preguntó a Calvete cómo y cuándo podría conseguirle dólares.
En otra ocasión, en septiembre de 2025, González le indicó a Calvete que iba a buscar “la suya”. Esto coincide con anotaciones en un cuaderno de Calvete que detallaban sumas en dólares vinculadas a “Pino”.
Di Giorno, la presunta cajera
Lorena Di Giorno es otra de las personas cuya detención fue solicitada en la causa. El juez Casanello decidió no avanzar con su captura dado que siempre estuvo a derecho.
Al igual que González, se desempeñó en la ANDIS y sirvió como un enlace clave entre las contrataciones de medicamentos e insumos de la agencia y las empresas que se vieron beneficiadas por el supuesto esquema de corrupción.
Di Giorno trabajó específicamente en el área de prestaciones PACBI. Las pruebas recolectadas indicaron que ella también siguió instrucciones directas de Miguel Ángel Calvete.
Ambos habían compartido directorios en diversas firmas desde al menos abril de 2019. Di Giorno cofundó sociedades con otros allegados a Calvete, y varias de estas empresas compartieron el mismo domicilio social que INDECOMM S.R.L., empresa del “jefe paraestatal” de ANDIS.
Las tareas de Di Giorno dentro del esquema incluyeron la gestión de pagos y movimientos de dinero a personas o empresas vinculadas al sector de droguerías y suministros PACBI, siguiendo expresas instrucciones de Calvete, según dictaminó la Fiscalía.
Mientras era funcionaria facturó amplias sumas de dinero a las empresas de Calvete INDECOMM y Profarma S.A. en concepto de servicios profesionales.
Además de gestionar el dinero, Di Giorno también habría filtrado información sensible. Conversaciones entre ella y el empresario detenido demostraron que lo alertó sobre la realización de auditorías internas, le compartió oficios judiciales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) relacionados con la investigación, y le facilitó cotizaciones de compras de la ANDIS.
Los diálogos interceptados revelaron también que Di Giorno recibió dinero de Calvete. Al menos en dos oportunidades, el supuesto lobista le dijo que pasara a buscar “lo suyo” por su domicilio particular.
Incluso el día en que se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a Calvete, Di Giorno le confesó al empresario que había borrado “todo” y había sacado “todo” de su casa, y que había frenado pagos a otros proveedores, salvo dos “cosas tuyas personales”.
La Fiscalía concluyó que, en coordinación con Calvete, tanto Eduardo González como Lorena Di Giorno aseguraron que la ANDIS estuviera “al servicio del interés privado”, ya que facilitaron el funcionamiento del sistema irregular de contrataciones.
Este esquema consistió en el direccionamiento de procesos de compra mediante “compulsas reducidas” en las que solo se invitaba a un grupo limitado de proveedores.
