Así comienza un informe de Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam); quien aseguró que en apenas seis meses, dos anuncios impactaron al sector mayorista y la comercialización de productos de consumo masivo: Carrefour decidió retirarse del país y se vendió Makro.
Si bien ambas compañías atribuyeron estas decisiones a “cambios estratégicos en la región”, la realidad es más incómoda: la Argentina se ha vuelto un territorio incomprensible e inviable para empresas que operan bajo protocolos globales. Un país complejo, con cambios de reglas constantes, falta de previsibilidad y “costos ocultos”.
El sector mayorista argentino está conformado en su mayoría por empresarios nacionales pymes que, a diferencia de las multinacionales, subsisten acostumbrados a operar bajo un entorno de inestabilidad económica, falta de previsibilidad y cambios permanentes de reglas.
Un ejemplo es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), una carga impuesta de $8.500 mensuales por cada empleado de Comercio con el fin de capacitar, aunque nunca se capaciten.
A eso se suma que aún, insólitamente, sigue siendo obligatoria la contribución solidaria mensual por COVID-19 por cada empleado, aunque ya nadie en el mundo hable de la pandemia y hasta seguros obligatorios de retiro dirigidos a una empresa, donde el empleado no resulta ser precisamente el principal beneficiado.
¿Por qué Argentina es cara y desalienta las inversiones?
El boom de compras al exterior por tiendas online y la larga filas de autos que cruzan a países limítrofes en búsqueda de mejores precios (generando caídas al comercio local y provocan quebrantos de empresas frente a un modelo de leyes laborales que no les permite competir), reabre el debate del “costo argentino”, por lo que todos los costos se trasladan al precio final y quien termina pagándolos es siempre el consumidor, aunque muchos lo nieguen.
1. Costos laborales y cargas únicas en el mundo
Estos “costos ocultos” en paritarias le quitan al trabajador el equivalente a un aguinaldo anual, sin que lo perciba directamente. Se trata de una serie de contribuciones obligatorias para cada empleado de comercio: Aporte sindical obligatorio, 2,5%; Asesoramiento sindical obligatorio, 0,5%; Contribución solidaria por COVID-19, $5.500; Aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), $8.500; Seguro de retiro, 2,5 %.
Todas estas cargas recaen sobre el costo laboral e impacta en el salario del empleado (aunque lo aporta el empleador) y le quitan poder adquisitivo.
2. Presión impositiva extrema
Argentina tiene una de las cargas impositivas más altas y distorsivas del mundo que se suman al precio final de un producto: 8,7% de Tasas municipales (empresas, 1,5%; mayoristas, 1,2%; supermercados y cadenas, según municipio, 6%), 12,5% de Ingresos Brutos (proveedores, 1,5%; mayoristas, 5,5%; supermercados y cadenas, 5,5%); 3,6% de Impuesto al débito y crédito bancario (aplicado en cada etapa: fábrica, mayorista, supermercado) y 21% de IVA (Impuesto al Valor Agregado) directamente sobre el precio final al consumidor.
Es decir, casi la mitad de un producto de consumo masivo de primera necesidad son impuestos.
3. Logística y costos financieros
A esto hay que sumarle que el transporte interno en Argentina puede ser más caro que enviar un producto a otro continente.
Solo por costos laborales y carga impositiva, se puede llegar a un sobreprecio del 52,8% en el valor final de cualquier producto. Si además sumamos el alto costo interno de tasas bancarias (de hasta 42%) y comisiones de las tarjetas de hasta 2,2% por cada compra, estos son algunos de los motivos por los que Argentina es cara en su propia moneda, sólo comparándola con nuestros países vecinos.