En diálogo con LV12, Donza detalló que el indicador se construye a partir de una pregunta sencilla dirigida a los hogares: si pueden mantener el mismo nivel de vida al que estaban acostumbrados. “Estamos hablando de una tensión psicológica generada por cuestiones económicas. Un 46% de las personas nos dijo que el ingreso ya no les alcanza para vivir de la forma en que estaban acostumbradas”, señaló.
El especialista aclaró que se trata de un indicador subjetivo, que complementa los datos objetivos de pobreza por ingresos. En ese sentido, explicó que, aunque algunas mediciones muestran una reducción de la pobreza entre 2024 y 2025 —del 50% al 46%—, eso no necesariamente significa que las familias hayan mejorado su situación.
“Salir de la pobreza no quiere decir que se esté viviendo bien. Muchas personas sienten que las cosas no mejoran en su vida cotidiana, aunque los indicadores macroeconómicos muestren cierta mejora”, sostuvo.
El estudio se realizó sobre una muestra de 3.000 hogares de ciudades de más de 80.000 habitantes en todo el país, lo que permite tener una representación amplia de la población urbana argentina.
Donza indicó además que el fenómeno afecta especialmente a los sectores medios, que en los últimos años han visto deteriorarse su capacidad económica y sus expectativas de progreso.
“Durante décadas Argentina se caracterizó por tener una clase media muy extendida, pero hoy muchas personas sienten que esa condición se debilita por la pérdida de ingresos y la precarización del trabajo”, afirmó.
En ese contexto, advirtió que uno de los cambios más profundos que atraviesa la sociedad es la pérdida de la movilidad social ascendente, es decir, la posibilidad de que las nuevas generaciones mejoren su situación respecto a la de sus padres.
“El gran problema es que cada vez se vuelve más difícil salir adelante. La caída de los ingresos y la falta de empleo de calidad empujan a más personas a situaciones de vulnerabilidad”, explicó.
Finalmente, el investigador remarcó que la situación responde a problemas estructurales que se arrastran desde hace más de dos décadas, vinculados principalmente a la debilidad del sistema productivo y a la falta de generación de empleo de calidad en el país.