Las principales cámaras que agrupan a los productores de biocombustibles del país expresaron su firme apoyo al proyecto de modificación de la ley.
Las principales cámaras que agrupan a los productores de biocombustibles del país desembarcaron en el Congreso de la Nación para expresar su firme apoyo al proyecto de modificación de la ley de biocombustibles impulsado por la senadora Patricia Bullrich.
Durante la reunión de trabajo, directivos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC), el Centro Azucarero Argentino y los productores de bioetanol de maíz analizaron los alcances de la normativa junto a legisladores del bloque de La Libertad Avanza (LLA).
Gustavo Idígoras presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC)(CIARA-CEC) participó del encuentro junto a referentes clave de la industria como Patrick Adam (Bioetanol de Maíz), quien destacó el impacto positivo que tendrá la propuesta legislativa en la actividad.
“El proyecto de la señora Bullrich normaliza y regula, fomenta la competencia, elimina burocracia y va a permitir que finalmente este sector pueda salir del circo productivo en el que está”, enfatizó Adam, remarcando que el nuevo marco normativo abrirá las puertas para ofrecer “más y mejores opciones para el consumidor”.
Por su parte, Jorge Feijóo, en representación del Centro Azucarero, coincidió en la relevancia de avanzar con el tratamiento de la ley al señalar que “es un paso adelante y beneficioso para el desarrollo general”.
Asimismo, ponderó el rol estratégico del sector azucarero en este esquema y aseguró que el bioetanol “es decisivo para la sustentabilidad y la competitividad de todo el mundo”.
Tensiones en la cadena
Previo a este posicionamiento en el Congreso, CIARA-CEC ya había lanzado duras críticas hacia un sector de las plantas de biodiésel. A través de un extenso documento público, las entidades agroexportadoras cuestionaron la “falta de vocación de crecimiento” de estas firmas tras casi veinte años de operar en un mercado cerrado, regulado y sin competencia.
Con este fuerte reclamo, el sector exportador buscó ordenar la discusión técnica y política de cara a la reforma legislativa, poniendo el foco en la necesidad de construir una normativa que incentive la eficiencia y la inversión real, en lugar de trasladar costos entre los eslabones de la cadena institucional. Para fundamentar su postura, apelaron a una radiografía precisa de la capacidad productiva nacional, recordando que la Argentina genera anualmente cerca de 8,5 millones de toneladas de aceite de soja.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración de biodiesel demandaron un volumen aproximado de 650 mil toneladas anuales para abastecer el cupo del mercado interno. La ecuación matemática que expuso la cámara es contundente: con apenas un mes y medio de la producción total de aceite de soja se cubre la demanda anualizada de todo ese segmento pyme.
Frente a la contundencia de estas cifras, desde CIARA-CEC señalaron que el verdadero eje de la controversia no radica en la disponibilidad del recurso, sino en las decisiones estratégicas de las compañías procesadoras.
De acuerdo con los registros oficiales del sector, actualmente existen 28 plantas de biodiesel que no registran ningún tipo de inversión destinada a la producción de su propio insumo principal.
Esta realidad contrasta con el despliegue del complejo aceitero tradicional, que cuenta con 358 establecimientos activos distribuidos en ocho provincias, consolidando una capacidad instalada nacional de 70 millones de toneladas entre los procesos de molienda y extrusión.
Regulación y mercados
Para los exportadores, la conducta de un sector de las plantas de biodiesel desvirtúa el espíritu de la ley original de biocombustibles sancionada en el año 2006. Aquella norma fundacional buscaba promover la producción, propiciar el nacimiento de nuevas empresas y fortalecer las condiciones de competitividad. Sin embargo, desde la cámara argumentan que el amparo de un esquema fuertemente protegido durante casi dos décadas terminó desincentivando la integración vertical.
Asimismo, explicaron que el precio del insumo no puede analizarse de forma aislada, obviando variables como la escala productiva y los plazos de cobro extendidos que caracterizan al mercado interno en comparación con el negocio de la exportación en bruto.
El documento también repasó el historial internacional de la Argentina para demostrar que el país posee la tecnología y la eficiencia necesarias para competir globalmente sin necesidad de subsidios encubiertos.
Entre los años 2016 y 2018, la Nación se posicionó como el principal exportador mundial de biodiesel, alcanzando una producción de 2,8 millones de toneladas, de las cuales se despacharon 1,8 millones al exterior, respaldadas por un proceso de inversiones privadas que superó los US$2500 millones.
Ese proceso de expansión se vio severamente afectado por barreras paraarancelarias en los principales destinos internacionales. Durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos bloqueó el ingreso del biocombustible local argumentando una supuesta amenaza a su producción doméstica; una medida que el Gobierno argentino impugnó y que la propia justicia estadounidense terminó fallando a favor de los intereses locales. Un escenario similar se vivió con la Unión Europea (UE), donde el país obtuvo un laudo favorable ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para mantener una cuota compensatoria, aunque actualmente el bloque europeo ensaya restricciones ambientales para desalentar el uso de la soja.
Finalmente, el sector aceitero aprovechó para ratificar su alineamiento político en el Congreso de la Nación, manifestando su explícito respaldo al proyecto de ley presentado por la senadora Bullrich. Según manifestaron las autoridades de CIARA-CEC, los derechos de exportación actúan como impuestos distorsivos que erosionan la competitividad del campo y no deben ser confundidos con beneficios estatales.
La salida al conflicto, concluye el posicionamiento de la entidad, requiere de un marco normativo moderno que deje atrás el proteccionismo estanco y promueva la participación activa de toda la cadena industrial bajo reglas de juego claras y competitivas.
