El gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aparte a dos expertos argentinos del grupo que emitirá un nuevo informe sobre la crisis política y social de octubre y noviembre de 2019.
Se trata de Patricia Tappatá Valdez, directora del centro Internacional para la promoción de los DDHH-Unesco, y Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre torturas, ambos integrantes ahora del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Los funcionarios habían sido designados por la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar los hechos de violencia y la presunta violación de derechos humanos durante los sucesos ocurridos en Bolivia desde la rebelión militar que culminó con la renuncia del ex presidente Evo Morales en noviembre pasado.
"Además nosotros como Gobierno estamos aportando nuestro informe de Derechos Humanos que ya ha sido presentado y está siendo actualizando por la muerte de personas posteriores al informe", agregó Coimbra.
Será la segunda misión de la CIDH que visitará Bolivia por gestiones del gobierno de Áñez ante el rechazo al primer informe de una primera misión que calificó de masacre los hechos de violencia y muerte de Sacaba y Senkata, tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre.
Según Coimbra, Tappatá y Méndez "desconocieron la lucha social del pueblo boliviano para recuperar la democracia» y «calificaron los sucesos ocurridos en octubre y noviembre de la gestión pasada como golpe de Estado», lo que demuestra -sostuvo- falta de imparcialidad y «peligrosa tendencia política de ambos integrantes".
"No vamos a permitir que eso se politice, nosotros no estamos pidiendo que venga gente o expertos que tengan una posición a favor del gobierno, lo que estamos pidiendo es que nos den la certeza de que vamos a tener un informe lo más apegado a la ley y lo más objetivo para demostrarle a la ciudadanía qué fue lo que pasó", remarcó.