La cámara de apelaciones de Porto Alegre ratificó la segunda condena por corrupción contra el ex presidente de Brasil y líder opositor Luiz Inácio Lula da SIlva, a quien le subió de 12 a 17 los años de prisión en una causa vinculada a la constructora Odebrecht.
El caso puso de manifiesto el alineamiento de la operación Lava Jato, que quedó reforzada con este fallo del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, contra las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de que los juicios por corrupción involucrando a delatores premiados debían ser juzgados nuevamente por fallas en el procedimiento.
El fallo de cámara fue ratificado por unanimidad por los magistrados Joao Gebran Neto, Leandro Paulsen y Carlos Thompson Flores en el proceso en el cual Lula fue condenado porque las empresas Odebrecht y OAS hicieron reformas en una casaquinta de la ciudad paulista de Atibaia que el ex presidente frecuentaba luego de su mandato, propiedad de su amigo Fernando Bittar.
En la primera instancia, la jueza subrogante de la ciudad de Curitiba Gabriela Hardt había condenado a Lula a 12 años y 10 meses de prisión, pero ahora los camaristas subieron la pena a 17 años, un mes y 10 días, como pedía la fiscalía, eje del escándalo sobre manipulación de los procesos de Lava Jato revelados por el sitio The Intercept.
Institucionalmente, lo más relevante además de la condena es que Lula no deberá volver a prisión, de donde salió el 8 de noviembre debido a que el STF determinó que nadie puede estar preso hasta que se agoten todas las instancias de apelación.
Lula está condenado a ocho años y 10 meses tras haber sido condenado por el entonces juez Moro por recibir un departamento en la ciudad de Guarujá.
El fallo de la cámara de Porto Alegre desestimó otro reciente de la corte que ordena reiniciar todos los juicios en los cuales los delatados, como Lula, por "arrepentidos", tuvieron más posibilidades de acceso al expediente que las defensas.
El caso de la casa de campo en Atibaia es la segunda condena contra Lula, que ahora tiene todas las fichas puestas en el STF, que debe votar si anula todas las condenas por considerar que Moro no fue un juez imparcial.