"Lupe denunció a Ricardo Bussi más de once veces. Ratificó, tuvo que contar una y otra vez la historia. Nos piden que vayamos a la Justicia, pero no hacen nada. No solo eso, sino que recibió amenazas del comisario Ramón Ardiles", explicó Fardin en un video que difundió en su cuenta de Instagram.
Además de explicar la situación de la joven, también compartió una de las tantas amenazas recibidas por parte del comisario.
La mujer de 26 años denunció por abuso sexual y usurpación de identidad al legislador Ricardo Bussi, pero la Justicia de Tucumán no investigó el caso y la joven, además, recibe constantes amenazas.
"Tenemos miedo de que sea una desaparecida más en democracia", afirmó el abogado Salvador Iovane cuando explica el estado en el que está la causa de “Lupe” (su verdadera identidad se mantiene bajo reserva), la mujer de 26 años que denunció a Bussi por abuso sexual.
Usurpación de identidad
La denuncia que hizo la mujer contiene dos acusaciones en una: por un lado, la de delito sexual con acceso carnal contra Bussi y, por el otro, la acusación que había llevado a Lupe hasta la Legislatura el día del abuso: una usurpación de identidad.
Según consta en la denuncia, el partido de Bussi había hecho con los datos personales de la joven para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos.
Silencio oficial
Desde ningún sector de la Legislatura de la provincia se pronunciaron respecto a la denuncia que pesa sobre Bussi. Alejandra del Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras Tendencia y del colectivo Ni Una Menos en Tucumán, cuenta que la Justicia tardó diez días en dar lugar a la denuncia y que, ante el pedido de protección a la víctima, enviaron a la propia policía provincial, cuando el abogado había pedido explícitamente que esta institución sea apartada de la causa.
"Todo esto no es una omisión sino una cuestión de respaldo político a Bussi, porque él tiene un peso no solo por ser hijo del genocida, sino también porque es aliado del Gobierno provincial en la Legislatura tucumana", puntualizó.