De esta manera, si el Senado -donde el oficialismo está aún más complicado con los números- también ratifica la norma por un mayoría de dos tercios, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgarla, según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
El tema debió ser habilitado previamente por las dos terceras partes del Cuerpo, habida cuenta de que no contaba con despacho de comisión, y fue una condición que el presidente de la Cámara, Martín Menem, dejó sentada en la reunión de Labor Parlamentaria.
Esa habilitación, que fue la antesala del resultado que vendría después, se consiguió con 166 votos afirmativos, 75 negativos y 0 abstenciones. Entre los que habilitaron el tratamiento estuvieron los diputados del Pro Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y Ana Clara Romero, pero también los de La Libertad Avanza Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano, que en el arranque dieron quórum.
El debate
Al abrirse el debate, la diputada de izquierda Vilma Ripoll celebró el tratamiento del tema, al destacar la expectativa de las familias de personas con discapacidad que necesitan esa ley para tener “posibilidades de vida digna”. “Si el veto no se rechaza, los resultados serán gravísimos: personas sin atención, equipos desarmados, instituciones cerradas y una profundización del abandono estatal”, diagnosticó, pidiendo una respuesta “al veto vergonzoso del presidente”.
En su intervención, el neuquino Osvaldo Llancafilo hizo referencia al anuncio hecho este mismo miércoles a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto de una intención del Gobierno de otorgar una mejora al sector. Con eso, para el diputado del MPN “evidentemente el Gobierno acepta que hay una cuestión para atender”. Celebró la actitud, pero aclaró que “llega tarde, cuando el Congreso ya está tratando el tema”.
“Lo hemos dicho muchas veces en otros temas, como universidades, jubilaciones, o la situación del Hospital Garrahan: claro que estamos de acuerdo con los controles y auditorías. ¿El punto cuál es? Que tal cual ocurre con las otras situaciones, no hay plan de contingencia, no hay elementos que hagan suponer al Congreso que se está trabajando para concluir en esos números que tienen que ver con las auditorías y controles”, sostuvo y advirtió que “el Estado está obligado a atender a las personas con discapacidad, que no pueden esperar que las auditorías se hagan antes”.
Por la Coalición Cívica, la diputada Victoria Borrego apuntó contra Javier Milei por el debate en cuestión: “Las acciones del Poder Ejecutivo están violando la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, criticó que “dicen que con esta ley se desfinanciaría el Fondo de Redistribución y quiero decir que el primero que ha desfinanciado ese Fondo ha sido el Gobierno beneficiando a las prepagas”.
A su turno, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, expresó: "Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican es un 0,03% del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6%!”.
"La verdadera realidad de un padre que tiene un hijo con discapacidad es tremenda. Pocas veces vamos a tener la posibilidad de aprobar en este Congreso una ley tan noble. Eso no nos convierte en degenerados fiscales ni golpistas. Queremos desenmascarar a los que dicen que quieren terminar la corrupción, pero tienen audios donde el titular de la ANDIS (Diego Spagnuolo) pide coimas", lanzó.
Después de haber anticipado en sus redes sociales su voto a favor de las cuatro leyes vetadas, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer apuntó que este debate parte de que “la necesidad de avanzar en sanción de leyes y en asignación de recursos tiene una explicación originaria que es que la Argentina hace dos años que no tiene ley de presupuesto”. “El Poder Ejecutivo se arroga una atribución inconstitucional, aunque después nos llame golpistas”, señaló.
“Todo este proceso demuestra, no solamente la falta de sensibilidad, la crueldad del Gobierno, la falta de sentido común y de sentido humano al momento de fijar prioridades, sino que también pone en evidencia problemas de gestión”, observó y aseveró que “si teniendo un gasto anual de 126 billones de pesos, hablan de gasto ineficiente y no son capaces de encontrar una partida con la cual resolver el problema gravísimo de las personas que sufren alguna discapacidad, son unos inútiles”.
En el cierre, la referente del GEN insistió con que el Gobierno “tiene un problema de gestión gravísima que se agrega al problema de sensibilidad”. “Confunden permanentemente el ejercicio de gobierno con el espectáculo bochornoso de insultar”, criticó y mencionó el fallo del juez federal de Campana que declaró inválido el veto al proyecto de ley: “No se trata de gastar más, se trata de gastar bien”.
Presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley, el diputado nacional Daniel Arroyo fue conceto y manifestó: “La Ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta porque es de pura justicia, de pura humanidad y de pura racionalidad económica”. Agregó, además, que “el veto es absurdo porque todos sabemos que no tiene impacto fiscal, ya que mejora la situación, reordena un sistema que está colapsado y no tiene ningún sentido que el gobierno la haya vetado”.
“La situación de verdad está colapsada: la persona que va a trabajar cuatro horas a un taller protegido sigue cobrando $28 mil por mes, el transportista sigue cobrando $541 el litro de nafta y no puede trasladar los cinco días a una persona que hace un tratamiento, un acompañante terapéutico cobra a seis meses solo $3.000 por hora, los hogares y los talleres están a punto de cerrar, y reordenar todo eso es 0,003% del PBI”, amplió Arroyo. Luego, reiteró: “No tiene impacto fiscal”.
Sobre el anuncio de Manuel Adorni, contestó: “El vocero presidencial nos dijo hoy que están ‘estudiando’ mejorar el nomenclador, pero presente esta ley en febrero y es la quinta vez que un funcionario dice que lo ‘está analizando, que lo está estudiando o que lo va a ver’”. En esa línea, recordó que “se lo ha dicho a las organizaciones de discapacidad y me la ha dicho a mí”, dando a entender que se trata de un anuncio con fines demagógicos.
Después de enumerar una serie de cuestionamientos, el diputado massista cargó que “quedan varias cuestiones fuera de la ley porque esta es una ley de emergencia que le dice al Gobierno ‘haga lo que tiene que hacer y hágalo’”. Sugirió, también, que “el Estado tiene la obligación de respetar y tratar bien a las personas, y no puede hacer una resolución denominando a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’ o ‘débil mental’”. Pidió, por último, “rechazar el veto y poner en marcha la ley”.
Daniel Arroyo, autor del proyecto, afirmó que el impacto fiscal es del "0,003%".
Qué dice el proyecto
El proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, había sido aprobado por unanimidad en el Senado y con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones el 4 de junio en la Cámara baja.
Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.
Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.
Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.
