La iniciativa endurece las prohibiciones de reingreso y contempla la expulsión inmediata en determinados procesos penales.
El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley y que permite a la policía, previa orden judicial, ingresar a domicilios donde se encuentren inmigrantes con órdenes de expulsión vigentes.
Con 37 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó el informe final.
Uno de los principales cambios a la Ley de Migración y Extranjería contenido en la propuesta es facilitar la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, operación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).
Según el proyecto, la Policia solicitará a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se ubique la persona y detenerla, requerimiento que el magistrado deberá resolver en 24 horas.
"Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa", agregó el Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot.
En la misma línea, la iniciativa eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos, además de mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que se enfrenten a determinados procesos penales, siempre que existe autorización del tribunal.
En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
