La oposición prepara un juicio político contra el funcionario y sectores oficialistas también reclaman su renuncia. Las rebajas que desataron el escándalo Una investigación del medio Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia otorgó las reducciones desde que Kast asumió, en marzo. Según esa publicación, los beneficiados incluyen a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores. La normativa permite reducir penas por buen comportamiento en prisión como mecanismo de reinserción social.
El presidente ingresó el proyecto al Congreso el martes, un día después de asumir la responsabilidad que corresponde a su gobierno y anunciar la activación de protocolos para evitar nuevos casos. “A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló”, afirmó.
Kast decidió mantener a Rabat en el cargo porque, según sostuvo, reconoció la gravedad de lo ocurrido y trabaja para corregirlo. El ministro defendió la actuación de su cartera y explicó que su función es verificar el cumplimiento de ciertos requisitos. Aseguró que no existe una evaluación de la situación individual de cada recluso.
Parlamentarios opositores anunciaron que preparan una acusación para abrir un juicio político contra Rabat. Diputados oficialistas y aliados de Kast también pidieron su renuncia, aunque respaldaron la reforma propuesta. Ayer, decenas de personas convocadas por unas 15 organizaciones feministas y ciudadanas protestaron frente al Ministerio de Justicia para exigir la salida de Rabat y del subsecretario Luis Silva, sin incidentes de violencia.
