La misma precisa que el 22 de febrero del 2024, a las 22:00 horas, el imputado denunció el hurto de su chequera de un banco, la cual se encontraba en su camioneta estacionada en calle Sargento Cabral de la ciudad de Tafí Viejo. El acusado entregó al dueño de una constructora cheques de pago diferido siendo titular de cuenta el propio imputado. Los montos y vencimientos fueron: $ 2.400.000 (30/04/24), $ 2.400.000 (30/04/24), $1.900.000 (30/04/24), $ 1.900.000 (30/04/24), por $ 2.000.000 (17/05/24), $ 5.775.000 (31/05/24), $ 5.620.000 (22/05/24), $ 5.930.000 (10/06/24) y $ 3.465.000 (17/05/24).
Esto en concepto de pago de adelanto de mano de obra, adelanto de materiales, plantería y proyecto de obra y dirección técnica de la misma por el 20%, todo esto según Factura “A” emitida en fecha 20/04/2024 por la mencionada constructora, cuyo monto total es de $ 10.406.000. El 8 de abril del 2024, el titular de la constructora endosó los cheques antes mencionados y se los entregó a la víctima en concepto de una operación comercial, quien el 23 de abril del 2024 al consultar el estado de cuenta corriente del titular de los cheques descubrió que los mismos habían sido denunciados como robados el 22 de abril, por lo que no pudo cobrar los mismos.
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Imputan a un comerciante por librar cheques sin fondos, que anteriormente había denunciado como robados. (Foto: A 24)
Denuncias archivadas y condena por violencia de género
De las evidencias recolectadas, en el informe de antecedentes del acusado figuran denuncias por extravío, robo y hurtos de cheques. En todas se le solicitó que aporte evidencia, pero no hubo contestación. “Estas denuncias, todas archivadas, nos hacen dudar de la credibilidad del imputado, entendiendo que el mismo sufre robos, hurtos o extravíos de sus chequeras del banco en determinados tiempos”, afirmó García.
Además, la funcionaria judicial consideró: “También cabe destacar que el imputado posee una condena de un año de ejecución condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo”.
Debido a la necesidad de sujetar al imputado al proceso, y teniendo en cuenta que la investigación se encuentra avanzada y solo restaría realizar pericias caligráficas para así poder redactar el requerimiento de apertura a juicio o llegar a una salida alternativa con la defensa, la Fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de seis meses. En su resolución, el juez hizo lugar al pedido fiscal.
