"Hemos comenzado el 19 de marzo hasta el 02 de mayo para resguardar la integridad por la pandemia, porque nosotros estamos desprotegidos en la infraestructura de salud. Si el coronavirus entraba aquí, iba a ser una catástrofe en los valles. Por esa razón al enterarnos de esta pandemia, tomamos la decisión de hacer un cierre del paso y desde ahí comenzamos a trabajar en conjunto con la policía".
Mamaní explicó que "desde esa fecha, incluido el fin de semana largo de Semana Santa hicieron el corte del paso en la ruta 307, pero permitían la circulación de camiones proveedores, ambulancias y médicos, vehículos con pacientes que debían trasladarse para diálisis, admitiendo que la circulación era flexible. Nosotros no dejamos ir a la gente que quería seguir vacacionando".
Según relataba Mamaní, fueron victimas de atropellos y recibieron maltratos. En la resolución del juez Mario Velázquez, el 29 de abril pasado había ordenado el desalojo del corte de ruta, hasta que se hicieron presentes personal de Policía y Gendarmería. El 30 de abril, "el secretario del Juez Velazquez, dijo que tenía que detenerme en prisión domiciliaria" y la comunidad se opuso, siendo la tercera vez que ellos se presentaban para el desalojo. Las autoridades labraron un acta a la cual no pudo acceder Mamaní, por ese motivo tomó la determinación de encadenarse en la carpa de salud y a las 22:30 de ese día regresó a su domicilio.
El día sábado 02, a las 06:40 de la mañana, indicaba Mamaní que "efectivos de Gendarmería, Infantería y el Grupo CERO, estaban maltratando a nuestros hermanos". Según declaró, "miembros de la comunidad recibieron golpes y patadas, además las fuerzas de seguridad llegaron al lugar efectuando disparos. Nosotros mandamos mensajes a los grupos de la comunidad, llegaron al lugar y les hicieron disparos con balas de goma, los corrían, dos hermanos quedaron detenidos y los llevaron a prisión domiciliaria en nuestro territorio".
"El Dr. Velazquez indicaba que había violado la cuarentena y el decreto presidencial, pero no fue así porque nos hemos basado en el Convenio 169 de la OIT y su ratificatoria en Argentina 24071, el cual dice que los estados deben trabajar en conjunto con las comunidades indígenas y en eso me he basado yo. Desde el 19 de marzo hasta el 02 de mayo hemos trabajado arduamente con la policía, el intendente de Tafi del Valle y el delegado comunal. No se que es lo que ha pasado. Lalo Cruz (quien se autoproclama cacique) hizo una denuncia en Monteros y eso desencadenó toda la situación", aseguraba Mamaní.

