Hubo allanamientos en Concepción por amenazas de tiroteo en un colegio
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos coordinó medidas en Concepción y Arcadia tras una denuncia por intimidación pública.
En el marco de una investigación por el delito de intimidación pública, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, bajo la dirección de Marta Mariana Rivadeneira, coordinó una serie de allanamientos en el sur de la provincia para esclarecer una amenaza de tiroteo dirigida contra el Instituto San Luis Gonzaga.
Las actuaciones judiciales, autorizadas por el juez Federico Moeykens, se originaron tras una denuncia que alertaba sobre la existencia de inscripciones en los sanitarios del colegio y mensajes difundidos vía WhatsApp, donde se advertía sobre un presunto ataque armado previsto para el viernes 17 de abril.
Desde el inicio de las actuaciones, el Ministerio Fiscal (MPF) ha mantenido una intervención activa y estratégica. El Prosecretario Patricio Reynoso y el Auxiliar fiscal Leandro David Abdala supervisaron las tareas de constatación y la recolección de evidencias digitales, consistentes en capturas de pantalla de estados de WhatsApp y canales de comunicación donde se viralizó la amenaza.
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La fiscal Rivadeneira destacó que esta medida no sólo busca determinar la autoría de las dos adolescentes identificadas, sino que persigue un fin superior: establecer si las menores están siendo utilizadas o incitadas por personas mayores de edad. Según informó el MPF, se han recibido al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones de la provincia, y la principal hipótesis fiscal sugiere que estas conductas podrían responder a un "desafío viral", donde adultos desconocidos aprovechan las redes sociales para generar pánico social utilizando a adolescentes como medios.
Los allanamientos, ejecutados hoy, 18 de abril, por la División de Delitos Telemáticos, se llevaron a cabo en una vivienda en el Barrio CGT de la ciudad de Concepción y en un inmueble ubicado en la localidad de Arcadia. Si bien no se ordenaron detenciones debido al carácter excepcional del Sistema de Justicia Penal Juvenil, el MPF procedió al secuestro de dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadoras y notebooks, además de medios de almacenamiento externo y eventuales armas de fuego o municiones.
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La justicia ordenó la intervención urgente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF) con el objetivo de garantizar el acompañamiento y la protección integral de las adolescentes involucradas, preservando su dignidad y privacidad mientras avanza la investigación para determinar el origen de estas amenazas que afectan la seguridad pública.
