A partir de las iniciativas conjuntas que empresarios y trabajadores del sector le alcanzaron al presidente Alberto Fernández, el sector de la construcción avanza en poder reflotar obras por casi $10.000 millones en algunas zonas del país.
El jefe de Estado cedió de este modo a parte de los pedidos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y al sindicato de la UOCRA que buscan saltar el cepo sanitario obligatorio impuesto para combatir el coronavirus. Más que nada porque se trata de un sector que ya arrastra problemas, que lleva 22 meses de caída continua y 47.000 puestos de trabajo perdidos hasta ahora, por la paralización de las obras públicas y privadas.
Un escenario que sobrevoló el encuentro que se llevó a cabo en la Quinta de Olivos, para analizar una apertura gradual y controlada de obras públicas, estudiar un protocolo de seguridad sanitaria elaborado por la UOCRA y CAMARCO, y posibilitar una apertura también gradual de algunas obras privadas a partir del 27 de abril.
La reunión fue impulsada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el Secretario de Obras Públicas, Martín Gill. Por parte de los sindicato de trabajadores estuvo Gerardo Martínez, mientras que por la cámara empresarial fue Iván Szcech.
Se analizaron las medidas de seguridad que se pueden llevar adelante para comenzar a administrar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y reactivar el sector poniendo énfasis en las normas de seguridad para evitar los contagios.
Empresarios y gremio le entregaron la propuesta al Jefe de Estado, más un protocolo especial para los trabajadores, con el objetivo que se logre lo mismo que determinó el Gobierno la semana pasada cuando se exceptuó a la obra pública.
Fernández sabe de la crisis que sufre esta industria desde antes de la cuarentena, en especial por falta de pagos a las empresas por parte del Estado y la incertidumbre sobre qué ocurriría con los proyectos que debían ponerse en marcha.
Por eso le dijo a sus invitados que el Gobierno quiere reactivar la obra pública, pero les aclaró que el problema es la pandemia y que se debe preservar la salud de la gente, que no haya riesgo de infección para los trabajadores y que se debe avanzar con los protocolos provinciales y en las prioridades de las obras.
Y si bien en la reunión no hubo mayores precisiones, está claro que a partir de cuando finalice la segunda etapa del aislamiento obligatorio habrá obras que se podrán poner en marcha nuevamente en consenso con gobernadores e intendentes.