En diálogo con LV12, explicó el origen de una de las sanciones recientes: “Se dio a conocer una sanción de más de 8 millones y medio a una tarjeta de crédito, a partir de la denuncia de un vecino que recibió en su resumen una compra que desconocía”.
En este sentido, detalló que la normativa vigente establece plazos claros para estos casos: “Cuando llega el resumen, el usuario tiene 30 días para impugnar compras que no reconoce. Luego, la entidad emisora tiene 15 días para responder, ya sea corrigiendo el error o validando la operación”.
Canto señaló que, ante la falta de respuesta o justificación por parte de la empresa, interviene el organismo provincial: “En este caso, la empresa no pudo acreditar la validez de la compra ni presentó la información requerida, por lo que se avanzó con la sanción correspondiente”.
Además, remarcó la importancia del rol del Estado en este tipo de situaciones: “Detrás de cada denuncia hay una familia angustiada. La ley establece que la carga de la prueba la tienen las empresas, porque están en mejor posición de ofrecerla”.
El funcionario también aclaró que durante el proceso de impugnación los usuarios cuentan con protección: “La empresa no puede bloquear la tarjeta mientras dure el trámite y el cliente solo debe abonar los consumos que no estén en discusión”.
Por otro lado, explicó cómo funciona el sistema de sanciones desde el ámbito administrativo: “Nosotros buscamos primero una instancia de conciliación entre las partes. Cuando eso fracasa, el caso pasa a ser de interés público y se aplican sanciones para corregir conductas”.
En ese marco, diferenció el alcance de las multas: “Las sanciones no son reparatorias. El damnificado puede acudir a la Justicia para reclamar daños. Nosotros actuamos para que las normas se cumplan y evitar que estas situaciones se repitan”.
Finalmente, Canto reiteró el llamado a los usuarios a ejercer sus derechos: “Es importante que la gente sepa que puede reclamar y que la ley los ampara ante este tipo de situaciones”.
