Luego que la Federación Argentina de Prestadores de Salud anunciara el regreso de los copagos, que afectará a los socios de varias de las principales prepagas que acumulan un 61% de aumento en el año, la Superintendencia de Salud emitió un comunicado y anticiparon que aplicarán sanciones a quienes apliquen esta medida.
El ente regulador de salud sacó un comunicado este lunes en donde les remarca a las empresas de medicina privada que "se encuentra en plena vigencia de la Resolución N°2125/21 (RESOL-2021-2125-APN-MS) del 29/07/21" en cuyo artículo 2 establece los aumentos que tienen permitido aplicar a partir del 1 de enero de 2022, que es de un 9%.
"Desde esta Superintendencia de Servicios de Salud dispondremos lo conducente a fin de aplicar las sanciones correspondientes con todas las herramientas vigentes y aquellas que la autoridad de aplicación defina, a toda entidad que no se encuadre en el ordenamiento de la mencionada disposición conforme al compromiso asumido por las entidades del sector en el acta acuerdo pertinente. De esta forma, resguardamos el derecho de los y las ciudadanas a acceder a los servicios necesarios sin tener que incurrir en el pago directo para ello", señalan en el texto. En tanto, la Superintendencia de Salud mantendrán el martes por la tarde una reunión con las empresas del sector.
La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) difundió un comunicado el domingo en donde anunciaba que la situación crítica que viven los “obliga a tener que buscar alternativas para financiar el pago de salarios” a través del cobro de copagos, equivalente al 9% de la prestación médica, “que quedará a cargo de cada paciente de Prepagas y Obras Sociales de Dirección".
En criollo, significa que además de pagar un 9% más en las cuotas de las prepagas, los asociados deberán pagarle al especialista o institución un 9% extra por los servicios brindados a partir del 1 de enero.
Es este aumento camuflado el que trata de evitar el gobierno, advirtiendo y sancionando a las prepagas que no aumenten el mes próximo el monto de lo que le transfieren por cada prestación a los diferentes prestadores, tal como estaba previsto. En este sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud aseguró que el aumento a los prestadores de salud por parte de las prepagas está contemplado en el acta acuerdo oficializada a través de la resolución 2125/21.
La Superintendencia autorizó a fines de julio cuatro aumentos del 9 por ciento para las empresas de medicina prepaga. Según consta en la resolución 2125/2021, los primeros tres aumentos se aplicarían de manera consecutiva y acumulada en los meses de agosto, septiembre y octubre; y luego habría una última suba en enero del año que viene.
Contando también las subas autorizadas de 3,5 por ciento en marzo, 4,5 por ciento en abril y 5,5 por ciento en mayo, las compañías terminarán por ajustar sus cuotas este año en 47,8 por ciento y con la suba de enero el ajuste llegará al 61,1 por ciento de aumento acumulado en menos de un año. Por otra parte, a principios de este año el gobierno otorgó 227,7 millones de pesos a las obras sociales para compensar, de manera excepcional, las caídas en las recaudaciones de diciembre respecto de marzo que hayan tenido los agentes del seguro de salud en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Las prepagas ya aplicaron los tres primeros aumentos autorizados a fines de julio y el mes próximo aplicarán el cuarto, pero hace algunas semanas le anticiparon a los prestadores que el 9 por ciento de aumento que les cobren a los usuarios no será utilizado para incrementar un 9 por ciento el monto que les pagan por cada prestación.
La Superintendencia dejó en claro este lunes por la tarde que busca evitar esa situación y anticipó que “dispondremos lo conducente a fin de aplicar las sanciones correspondientes con todas las herramientas vigentes y aquellas que la autoridad de aplicación defina”.
Por la mañana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había asegurado que de acuerdo a la ley de medicina prepaga, el cobro de copagos no necesita de una aprobación del Gobierno para ser instrumentado. No obstante, aclaró que el gobierno citó a las empresas para tratar de encontrar una solución al conflicto porque en los hechos el copago termina siendo como un aumento para los afiliados. "Lo que estamos tratando de hacer es de sentarnos con todos los actores que involucran este aumento para ver si podemos minimizar el impacto en la población", recalcó.