En el inicio de la conversación el abogado explicó qué es la coparticipación: "Históricamente el Estado Nacional cuando se sancionó la constitución, a mediados del siglo XIX, básicamente podía cobrar impuestos aduaneros y todos los demás impuestos solo lo podían cobrar las provincias dentro de su territorio. A partir del siglo XX se fue dando un proceso a través del cual el Congreso Nacional fue creando una mayor cantidad de impuestos nacionales y al hacerlo de alguna manera se sacaban recursos de las provincias. Por eso se creo un sistema de coparticipación, todos los impuestos que no eran aduaneros y se cobran desde la nación se tiene que coparticipar".
Siguiendo esa línea continuó diciendo que "en 1994 se consagró constitucionalmente y la constitución estableció una especie de garantías para proteger a las provincias en este reparto de recursos y encomendó al Congreso para que dicte una nueva Ley de Coparticipación, la que está vigente desde la época de Alfonsín, pero esa ley nunca fue dictada".
"La ley de coparticipación con el procedimiento que se implementó en 1994 exige que se apruebe por el Congreso con una mayoría especial, que es la mayoría absoluta de las dos cámaras y tiene que ser ratificada por todas las provincias y por la Ciudad de Buenos Aires", desarrolló.
Caminos sostiene que esto sería muy complicado que se apruebe ya que "la provincia que pierda coparticipación no va a ratificar esa ley, entonces es políticamente muy difícil".
Impuesto con asignación específica
"Algunos impuestos establecen que un porcentaje de lo que se recauda tiene una asignación especifica, entonces estos no se coparticipan", indicó el abogado.
En ese sentido agregó que "el Congreso puede eliminar la asignación especifica, al hacerlo esa parte del impuesto que no se venía coparticipando pasa a integrar la masa coparticipable y ahí si se distribuye entre todas las provincias".
"El proyecto solo puede cambiar el destino de los fondos, la asignación específica del impuesto", informó y aclaró que "para cambiar los porcentajes se debe una nueva ley de coparticipación".
Yedlin propone que el reparto sea 70% para las provincias y el 30% para Nación.
¿El presidente Javier Milei puede vetar una ley de coparticipación?
"La constitución no expresa directamente que el presidente no la puede vetar, pero todo indica que no podría ser vetada", indicó el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Pedro Caminos.
La carta del diputado, Pablo Yedlin
Escribo estas líneas, convencido de que vos amas Argentina tanto como yo. Seguro también que compartimos muchas potencialidades, pero también, muchos problemas a resolver para vivir mejor. No coincido en casi nada con el Presidente de la Nación, y aunque mi voluntad es no ser “un palo en la rueda”, me cuesta encontrar razonabilidad a la propuesta de gobierno.
Supongamos que coincidimos con el diagnóstico del gobierno de Milei y creemos que el único problema que la Argentina tiene es la inflación y que la única solución a ese problema es el déficit fiscal. Este razonamiento, en el presidente Milei, viene acompañado de la creencia de que el déficit es producto de un gasto exagerado de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
Por lo tanto, la solución es bajar el Gasto cueste lo que cueste, así reducir el déficit y, en consecuencia, bajar la inflación.
Eso lleva a entender que, licuando sueldos y jubilaciones (¿eran estos los gastos excesivos?) con una mega devaluación del 120%, una ráfaga inflacionaria del 60% en tres meses y una reconducción bestial del Presupuesto 2023, el equilibrio fiscal se alcanzará.
Si a esto le sumamos que la ideología liberal anarquista de Milei les hace creer que solo “desregulando” la economía, “sacándole el pie de arriba a los empresarios” y disminuyendo el rol del Estado protector -en Salud, Educación, Asistencia social, Vivienda, Ciencia y Cultura- la actividad económica se recuperará.
Vamos por parte. Si bien el déficit fiscal es un problema en la economía argentina, no es el único a resolver. Por un lado, la restricción externa de dólares es un dilema grave para nuestra economía y debe ser abordado. El superávit fiscal debe acompañarse de superávit comercial, para lo cual hay que estimular las exportaciones, sobre todo las de valor agregado, en particular las industriales, ya que tenemos que lograr que la tonelada exportada valga más.
Tampoco es menor el problema del desarrollo, con la necesidad que tiene la Argentina en general y las provincias en particular de grandes inversiones pendientes en infraestructura, autopistas, ferrocarriles, obras de saneamiento, obras en energía y conectividad. Esperar que el sector privado, por decisión propia, invierta en estos rubros sería una ingenuidad.
La Educación – tan apelada en los discursos de campaña como la garante de un futuro venturoso- tampoco mejorará con la inversión privada. La quita de subsidios del Fondo de Incentivo Docente, el freno al desarrollo en infraestructura escolar, la licuación y congelamiento de los salarios docentes, no son prometedores. Lo mismo la decisión de sostener el presupuesto para las universidades y el Conicet sin evaluar la pérdida real.
La Salud es un derecho constitucional y supraconstitucional. El Estado debe garantizar el acceso a la atención, a los medicamentos, a los diagnósticos y a los tratamientos de toda la población. Si el presidente Milei ha decidido que el sistema de obras sociales y prepagas será sólo para un grupo minoritario de la población – o sea aquellos con trabajo registrado y los pocos que puedan pagarlas- entonces el Estado deberá garantizar la disponibilidad de un sistema público de Salud sin costo para el usuario en el lugar de atención. Hoy eso no sucede.
La confrontación con las Provincias, con todas ellas, por los fondos coparticipables es otro error. La recaudación impositiva, se producen en las Provincias, dado que toda la población vive en alguno de esos distritos. La “Nación” es la que no genera impuestos, nadie vive en “la Nación”. Y, aun así, muchos ingresos generados por impuestos no se coparticipan. Por ejemplo, “las retenciones”, el impuesto a “los cheques”, el impuesto a los combustibles líquidos, etc, todos esos recursos los dispone la Nación, que hoy ha decidido no realizar Obra pública, invertir en Educación, en Salud, en Viviendas.
Argentina podría definir en el marco de esta disputa generar una ley en el Congreso nacional para que todos los impuestos sean coparticipables. Repito todos. Además, una nueva Ley de Coparticipación Federal, que el Congreso de la Nación no ha sancionado desde la manda constitucional de 1994, podría dejar sin cambios la distribución secundaria, es decir qué porcentaje le toca a cada Provincia, pero si modificar la distribución primaria 60% para las Provincias, 40% para la Nación, o 70% y 30%, por ejemplo.
Eso pondría fin al intento de “fundir” a las Provincias del Presidente, y llevaría los recursos a donde deben estar para generar los cambios que la ciudadanía solicita.
Llegar al equilibrio fiscal como única meta es una meta muy pobre. Más para un país como el nuestro. Esperemos que el Presidente lo entienda.
