El Gobierno Nacional avanzará, en la próximas horas, con un decreto que busca flexibilizar el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El Gobierno Nacional avanzará, en la próximas horas, con un decreto que busca flexibilizar el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.
Desde Casa Rosada, sostienen que el objetivo central será hacer más transparentes el proceso por el cual son propuestos y designados los ministros del tribunal supremo (que actualmente está compuesto por solo tres miembros, sobre un total de cinco) y pretende evitar la duplicación de instancias administrativas.
Asimismo, aclararon que las modificaciones estarían vinculadas con la eliminación de una serie de recomendaciones que tiene el Presidente de la Nación entorno a especialidad, género y procedencia regional de los posibles candidatos.
Uno de los principales puntos que cambiará con esta iniciativa será respecto a la supresión de impugnaciones, debido a que finalizará la etapa donde ciudadanos, ONGs y colegios profesionales podían presentar observaciones sobre un candidato, ante el Ministerio de Justicia.
Por otro lado, con estas modificaciones, se deroga la exigencia de publicar las postulaciones y antecedentes en diarios de circulación nacional; la difusión de las candidaturas queda limitada a la web oficial de la cartera comandada por Juan Bautista Mahiques.
También, se establecerán controles patrimoniales y fiscales con un plazo de cinco días para presentar las declaraciones juradas de bienes y se fijarán tiempos límite para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe la situación fiscal de todos los candidatos.
Por último, se eliminarán las recomendaciones previas para que el Poder Ejecutivo de la Nación contemple la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer a los candidatos.
Esta normativa modificaría el decreto 222/2003, que dictó el ex presidente Néstor Kirchner, y que se denominó de "autolimitación presidencial". Hasta el momento, el procedimiento constitucional en el Senado de la Nación, que requiere dos tercios de los votos, se mantiene sin cambios. La medida entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.
