Si bien la Corte es una estructura con casi 2500 empleados que no detiene sus trámites bajo ninguna circunstancia, no menos cierto es que su dinámica depende de los consensos jurídicos y políticos que puedan alcanzar sus cinco miembros y, en este sentido, sí afecta su desempeño la elección del presidente del cuerpo cada tres años.
Resuelta la pulseada entre los santafesinos en favor de Rosatti, y ante la expectativa del sistema de justicia por un nuevo modelo de gestión que dinamice las resoluciones, el máximo tribunal del país buscará ahora resolver un conjunto de temas que tienen una atención especial en la sociedad.
Las fuentes consultadas por Télam mencionaron que al tope de esa lista está el recurso de queja impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra los amparos de las empresas de telecomunicaciones presentados para frenar el decreto presidencial 690/2020 que definió como "servicios públicos" a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.
El decreto 690, emitido el 22 de agosto de 2020 y conocido como Argentina Digital, estableció además la Prestación Básica Universal y Obligatoria que garantiza el acceso a esos servicios a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
En junio de 2021, los abogados de Enacom recurrieron en queja a la Corte para rechazar los amparos obtenidos por las empresas del sector: la primera en hacerlo fue Telecom Argentina (Grupo Clarín), luego siguieron DirectTV y Telecentro más algunas prestadoras de TV por cable del Interior.
Según las fuentes del máximo tribunal, esos amparos -en el caso de Telecom concedido por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal- "no resuelven en modo definitivo la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto impugnado por la licenciataria".
Otra de las prioridades que tiene pendiente la Corte y que podría definir en el corto plazo es determinar si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para entender en el expediente de la quiebra del Correo Argentino SA, ante un pedido de la Cámara Comercial para que el alto tribunal resuelva este pretendido conflicto de competencia.
El pedido de intervención del Tribunal porteño fue solicitado por el grupo Socma, titular del Correo Argentino SA, en el marco de un expediente que lleva ya 20 años sin resolverse pese a los dictámenes de la fiscal Gabriela Boquin y a las disposiciones de la jueza Marta Cirulli para que se decrete la quiebra.