La querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner presentó el pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, fundado en las "irregularidades y arbitrariedades" que la magistrada cometió "desde el primer día, cuando se borró el celular de (Fernando André) Sabag Montiel", el hombre que ese día le apuntó una pistola sobre su cabeza.
Este mediodía la exmandataria compartió en su Twitter el documento de 37 páginas con los motivos por los cuales se opone a que la magistrada siga a cargo del expediente, firmado por sus abogados. Parte de esas razones plantean que habría un vínculo entre el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el atentado, y que la jueza federal sería “parcial”.
“Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”, aseveró el patrocinio de la vicepresidenta en uno de los tramos más fuertes del escrito judicial que lleva fecha de este lunes.
En esas páginas que llevan la firma de José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal, los abogados de Cristina Kirchner, hablan de un “cúmulo de irregularidades” que -según explicaron- hicieron perder la confianza en la magistrada.
“Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez. Aun así, la decisión fue confiar en la imparcialidad de la doctora Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores”, plantearon en la primera parte del documento.
Sin embargo, dijeron que a casi dos meses y medio del atentado hubo “una serie de resoluciones netamente arbitrarias” y mencionaron una “total parálisis investigativa”, que entendieron como una “manifiesta imparcialidad” contra la parte que corresponde a Cristina Kirchner.
Asimismo se quejaron al decir que las medidas de prueba que solicitaron los abogados fueron en su enorme mayoría rechazadas, no realizadas o llevadas a cabo tarde, pese a que -de acuerdo a lo que plantearon- la eficacia de estas acciones dependía de la celeridad.
“Por otro lado, la magistrada decidió no delegar la instrucción, pero paralelamente no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”, indicaron en los fundamentos generales que luego detallaron punto por punto.
“No estamos frente a una causal sobreviniente, sino ante un sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla. Y por la naturaleza del caso su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la Justicia”, apuntaron en la presentación.
En tanto, a partir de la página 7, el patrocinio de la vicepresidenta expone detalladamente las razones por las cuales considera que hay “irregularidades y arbitrariedades” en la actuación de Capuchetti.
Sabag Montiel y su celular
En el punto uno se refieren a los primeros días y se abocan al celular de Fernando Sabag Montiel, quien disparó en la cara de Cristina Kirchner, aunque sin herirla debido a que la bala no salió. “La investigación no pudo empezar peor”, inician los letrados, quienes puntualizan en que el celular de Sabag Montiel era lo “más valioso probatoriamente” entre sus pertenencias, además del arma.
Sobre ese dispositivo marcan que llegó “en un sobre cerrado al juzgado, con la debida cadena de custodia”, aunque reparan: “Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre la magistrada rompió la cadena de custodia. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre estaba abierto”.
Indican además que “lo más grave fue que [el teléfono] llegó reseteado a cero” y acotan que nunca se supo que pasó. “La única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado”, remarcan.
Brenda Uliarte, Gabriel Carrizo y la PFA
Después hablan sobre la novia y cómplice de Sabag Montiel, Brenda Uliarte. “Cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso”, dicen, a la vez que cuestionan el tiempo que se tardó en detener a la joven. “Uliarte logró de algún modo escapar de su casa cuando aparentemente había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio”, precisan sobre los momentos previos a que fuera apresada en una estación de trenes del barrio porteño de Palermo.
“Nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la PFA. Esta fuerza estaba presente el día del atentado, supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag Montiel, tardó tres horas en interceptar las llamadas de Brenda Uliarte y la dejó escapar (todo posibilitado, como vimos, por lo que esperamos que solo sean errores de la jueza)”, escriben en cuanto a la PFA, que está bajo la órbita del ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández.
Luego, cuestionan que Capuchetti gastó sus “escasas energías” en investigar la custodia presidencial y siguen sobre la PFA. “Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción. Pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta”, añaden.
Asimismo, señalan como una “desidia fuera de lo común” que la jueza no haya investigado -en base a su parecer- a determinadas personas que consideraron de interés, hasta que los abogados de Cristina Kirchner no lo pidieron. “La razón de esta demora se explica, en parte, por una demora previa también injustificable: que haya tardado 15 días en detener a Gabriel Carrizo cuando desde el día cinco tenía su celular en su poder y una montaña de pruebas en su contra”, expresan en cuanto al jefe de los vendedores de copos de azúcar.
No obstante, dicen que hasta ahí solo consideraban que eran “graves errores y tardanzas inexplicables”, pero indican que “la parcialidad fue evidente” cuando se solicitaron medidas que iban más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.
Nuevo Centro Derecha
Entre otro de los puntos, los abogados de la vicepresidenta indican que Capuchetti decidió “frenar una línea investigativa” vinculada con la agrupación Nuevo Centro Derecha que -según emana de la presentación- podría tener vinculaciones con los demás apresados. “Este tramo de la causa terminó por filtrarse a la prensa, lo que hirió de muerte toda posibilidad de éxito”, marcan, a la vez que aseveran que era la jueza la que “enviaba un informe” a los medios para publicar datos del expediente.
En el escrito incluso deslizan un posible relacionamiento entre Nuevo Centro Derecha, Milman y gente del entorno del diputado nacional y de la titular de Pro, Patricia Bullrich. “Parece que el testimonio de cualquier persona, aun de aquellas vinculadas con quienes intentaron matar a la vicepresidente, tiene carácter de verdad absoluta y hace totalmente innecesario seguir investigando”, manifiestan.
Milman
Planteado esto, el escrito se aboca al testimonio del asesor parlamentario Jorge Abello, quien dijo que el 30 de agosto estuvo en el bar Casablanca y escuchó a Milman decirles a dos mujeres: “Cuando la maten voy a estar camino a la Costa”. Destacan sobre eso que efectivamente el diputado nacional estuvo en ese local junto a Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, y que viajó a esa zona de la provincia de Buenos Aires.
“La jueza solo solicitó las cámaras de los lugares aledaños, pero no pidió informes respecto de un viaje a la costa. Cuando llegaron las grabaciones de las cámaras, la jueza nos dijo (informalmente) que no había registro de Milman en las grabaciones. Entonces nos pusimos a ver varias horas de video y, sin ser investigadores sino simples abogados, ¡oh, sorpresa! Identificamos a Gerardo Milman, tarea ciclópea que fue demasiado para el juzgado que decidió asumir la instrucción”, indican sobre lo que habría ocurrido con esa prueba.
Luego el patrocinio de la vicepresidenta plantea que se debería haber convocado antes a las mujeres y retenido sus celulares. “A la jueza no le importó que le mientan en la cara”, dice el escrito para plantear supuestos cambios de versiones de Bohdziewicz sobre su visita a Casablanca.
“Al final, Bohdziewicz terminó por reconocer que había estado en el lugar cuando se le mostraron las cámaras. Lo cierto es que, además de revelar las particularidades del funcionamiento de la corteza prefrontal y el hipocampo del cerebro de Bohdziewicz, este testimonio comprobó otro elemento del testimonio de Abello: que Milman había ido ese o el siguiente día a la Costa”, ironizan.
También marcan que Gómez Mónaco tuvo idas y vueltas en sus palabras. “Como era de esperar, la jueza no pidió un careo de testigos. Sobre la frase de Milman, Gómez Mónaco dijo: ‘No, por Dios que jamás escuché esa frase. Tampoco algo parecido’. La contundencia de la respuesta fue extraña, casi parecía preparada”, señalan.
En la recusación ahondan incluso sobre los proyectos de resolución presentados por Milman en la Cámara de Diputados, algo que ya hicieron en otras oportunidades, y marcan que el legislador hablaba de un “falso ataque a Cristina” y pedía información sobre la custodia vicepresidencial. Además señala supuestos vínculos entre Gómez Mónaco y Alejandra Mroue, una panelista de Crónica TV, la pantalla por donde salió Uliarte a criticar los planes sociales antes del atentado a Cristina Kirchner.
“Había una multiplicidad de elementos que apuntaban a Milman. Parece que en los procesos penales la certeza ya no es necesaria para la condena, sino para llevar a cabo la más mínima medida de prueba”, remarcan, a la vez que hablan de “mala fe” de parte de la magistrada. “Si nos van a mentir, al menos miéntannos bien”, piden.
En ese documento, cuestionan que Capuchetti haya impulsado una denuncia por falso testimonio contra Abello y se preguntan: “¿Qué piensa Capuchetti? ¿Que Abello inventó una historia en una hora? ¿Que tuvo la suerte de que su historia coincidiera con que Uliarte tenía un papel con la regla Tueller, con que Gómez Mónaco tenía una sociedad con Mroue y con que Carrol viajara con Villares? ¿Piensa, realmente, que que el mensaje diga ‘ayer’ y el encuentro de Milman haya sido el 30 de agosto cambia algo? Al contrario, hace todo más creíble y nota que no es algo armado”.
Financiamiento, Revolución Federal y el “perfil” de Capuchetti
Ya para la parte final del documento critican que tampoco la jueza haya intentado definir cómo se financiaban los detenidos y señalan que “cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte, que parece haber estado, como mínimo, en dos marchas de esta agrupación”.
Para concluir, cuentan que “ahondaron en el perfil de la magistrada”. En base a eso exponen que Capuchetti habría visitado seis veces la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, que su hermana habría trabajado en escuchas en la Dirección de Contrainteligencia “durante el espionaje ilegal al kirchnerismo” y que la jueza habría recibido “consejos” sobre cómo tratar mediáticamente el caso.
“Así es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, requieren.