La Unidad de Investigación en Delitos contra la Propiedad I, que conduce Ramón Enrique Rojas, convocó este viernes 4 de febrero a una audiencia con el objeto de solicitar la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo el delincuente Diego Alejandro Silva desde agosto del año pasado, cuando fue acusado de asaltar a dos empleados de una empresa que se encontraban recolectando agua y disparar contra uno de ellos, en la represa Colonia 10, de Santa Ana.
La auxiliar de fiscal Paula Bellomío fue la encargada de elevar el pedido de extensión de la medida coercitiva por cuatro meses, tiempo que la fiscalía consideró razonable hasta que se celebre el juicio.
La representante del MPF señaló que se mantiene el riesgo procesal de fuga, en razón de que el acusado cuenta con antecedentes y que la pena en expectativa en el caso de que sea declarado culpable en un juicio oral es de cumplimiento efectivo, ya que sobre el mismo pesa una condena condicional. Además fundamentó el pedido teniendo en cuenta las características del hecho. "Se trata de un hecho grave, en el cual el acusado mostró desprecio por la vida de la víctima a quien le disparó para llevar a cabo el robo", sostuvo la funcionaria. El juez interviniente hizo lugar al planteo de la fiscalía por lo que el imputado continuará tras las rejas.
El caso
Silva se encuentra imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, por un violento asalto cometido el 4 de agosto de 2021, en la represa Colonia 10 de Santa Ana.
Dos empleados de una empresa citrícola se encontraban recolectando agua en el lugar cuando fueron sorprendidos por el acusado y otro sujeto. El delincuente se bajó de la moto en la que circulaba y, empuñando un arma de fuego, le exigió sus pertenencias a las víctimas. Uno de los empleados se bajó del tractor e intentó impedir que el malviviente se llevara su motocicleta. En esas circunstancias Silva le efectuó un disparo en la pierna y huyó del lugar con el rodado en su poder. Fuentes de la causa informaron que en el día de hoy se elevó el requerimiento de apertura a juicio y que la pena solicitada por el fiscal Rojas es de 12 años de prisión.