La estrategia del Ejecutivo no estará limitada a las empresas. Ravier explicó que las sanciones previstas por la legislación alcanzarán también a quienes participen de las operaciones. "Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó.
El Ejecutivo anticipó que buscará identificar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.
La primera denuncia fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas.
Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, proyecto offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. La operación está vinculada a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que avanzaron con el desarrollo del proyecto y prevén iniciar la extracción de crudo en 2028.
Ravier también señaló que el Gobierno desplegó herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales, mientras que Cancillería ya envió numerosas notas de desaliento a empresas y países vinculados con los proyectos hidrocarburíferos que alcanzan al RIGI y a Vaca Muerta.
