En diálogo con LV12, Anastasio explicó que el reclamo se intensificó luego de que el Gobierno nacional interrumpiera la cadena de pagos a partir del 15 de diciembre. “Hay instituciones que todavía no han podido cobrar las prestaciones realizadas en octubre, algo inédito para nuestro sector”, señaló.
El dirigente indicó que, además del retraso en los pagos, el sistema enfrenta un problema estructural vinculado al bajo valor de los aranceles que reciben los prestadores por los servicios brindados a personas con discapacidad. “El costo de la prestación no llega a ser cubierto por el arancel que tenemos y ahora también enfrentamos un problema financiero porque no podemos cumplir con salarios, honorarios de profesionales ni obligaciones impositivas”, advirtió.
Según precisó, en Tucumán unas 10.000 personas con discapacidad reciben atención a través de estas instituciones, donde trabajan aproximadamente 4.000 profesionales que brindan prestaciones de salud, educación y rehabilitación.
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Anastasio también señaló que existe una problemática a nivel provincial con los valores que paga el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Subsidio de Salud). “El arancel del instituto está cerca del 53% del valor nacional, lo que genera una diferencia muy grande”, afirmó.
En ese sentido, reconoció que el Gobierno provincial prorrogó el beneficio de alícuota cero en Ingresos Brutos para el sector, aunque aclaró que la medida “no alcanza para compensar las pérdidas”.
Por último, el presidente de la cámara anticipó que, si no se concretan los pagos prometidos por Nación, las instituciones volverán a cerrar sus puertas el miércoles y jueves. “Ojalá haya una respuesta antes de esas fechas para poder seguir trabajando con normalidad, que es lo que queremos todos los días”, concluyó.
