Por ahora no habrá más bajas de beneficiarios. Qué pasará con las pensiones por discapacidad que ya se habían quitado.
El Gobierno decidió poner en pausa las auditorías sobre todas las pensiones por discapacidad, mientras avanza la inspección interna sobre la ANDIS, que fue intervenido luego de que se filtraran audios de su entonces director, Diego Spagnuolo, reconociendo una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos.
La determinación la tomó el ministro de Salud, Mario Lugones.
Hasta el momento, la agencia dio de baja a un total de 128.667 beneficiarios que durante la gestión del desplazado abogado se había detectado que habían ingresado al sistema con diferentes irregularidades.
De ellas, 110.522 correspondían a pensiones mal otorgadas por varios motivos -como gente que presentó la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión-, otras 8.107 eran entregadas a personas que ya habían fallecido y las 10.038 restantes iban a ciudadanos que renunciaron a la ayuda.
“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, explicó Lugones.
Mientras dure ese proceso, no se seguirán enviando citaciones ni se avanzará con los controles presenciales sobre los 1.013.400 de beneficiarios que cobran este beneficio por invalidez laboral. La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más.
