Desde Economia aseguran que el cierre de los Fondos Fiduciarios busca propender mayor control y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
En el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, el Ministerio de Economía definió a través del Decreto 1048/24 el cierre de cinco fondos que registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.
El Gobierno Nacional cerró el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
El FONDCE había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes. Registraba deidas por $ 70 millones.
En tanto, el cierre del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas.
Por su parte, el PROINE había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias.
También se encontraron múltiples falencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.
Ante esta situación, el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos.
Finalmente, se cerrará el PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. De esta forma, luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía.
