Un sentimiento superior a la preocupación tienen hoy los principales funcionarios que acompañaron en la gestión provincial a María Eugenia Vidal. La exgobernadora, hasta el momento, no realizó ninguna declaración pública y dejó casi en soledad a su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, a que responda por su deseo de tener una "Gestapo paralela" para saber el accionar y perseguir a los sindicalistas que utilizan métodos mafiosos.
Nadie se detuvo un segundo más en la frase. Si hay una "Gestapo paralela", o la deseaba, es porque existe una oficial. Pero eso es para otra discusión.
Quien sí se tomó su tiempo para hablar con MDZ fue el diputado provincial Alex Campbell, exsecretario de asuntos municipales y uno de los referentes de mayor confianza de la exgobernadora. "La verdad ya no se entiende más nada. María Eugenia se tuvo que ir a vivir a un cuartel de la fuerza área (la base aérea de Morón), le pusieron una bala frente a su garaje, se le infiltraron en su oficina privada. ¿Qué más muestras tuvo que dar para demostrar que iba contra las mafias?", se preguntó más que indignado para luego rematar que "todo es un armado para seguir con la impunidad".
Sin embargo, es la primera vez que el empresariado se pone adelante de la política y mantiene su idea de que el "Pata", Juan Manuel Medina, tenía instaurado un sistema cuasi mafioso que proponía precios, empresas y personal a contratar. A pesar de que no lo nombran en ningún párrafo, en un comunicado que firman la Unión Industrial del Gran La Plata, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y el Colegio de Arquitectos de La Plata, entre otras asociaciones, ratificaron todas las denuncias que recibió el sindicalista.
"A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones, abajo firmantes, asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace 4 años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la UOCRA regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región. La violencia no estaba originada en conflictos laborales" dijeron, además, CAPEC y Acimco.
"Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse “viendo que la problemática sigue su curso” y “no pudiendo cumplir la tarea encomendada”, a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas".
Los profesionales, emprendedores y empresarios de la construcción platense, iniciaron "gestiones ante distintos gobiernos y representaciones sindicales nacionales a lo largo de más de 20 críticos años para la actividad de la construcción en la Región Capital de La Plata, con el objetivo excluyente de alcanzar un marco adecuado para que tanto trabajadores como empresarios pudiéramos desarrollar nuestras tareas en un contexto de respeto por las incumbencias y responsabilidades de las partes".
Tras reconocer a los sindicatos como representantes de los trabajadores "y generadores del diálogo social", los constructores dijeron que siempre mantuvieron esa relación en todos los ámbitos a los cuales fueron invitados, pero se manifestaron absolutamente en desacuerdo con las declaraciones vertidas por Villegas en esa ocasión. Raro. En el video no aparece ninguna expresión al respecto, sólo signos de apoyo contra la comandancia sindical.
"Nuestra trayectoria se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas. Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se virtieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos", escribieron.
Por esto destacaron que "a lo largo de esos 20 años nuestras presentaciones judiciales ratifican el mismo y recurrente requerimiento de administración de Justicia a quien le compete ese rol. Esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos en nuestro país y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado".
En el último párrafo, los firmantes manifestaron que "padecimos durante años amenazas contra nuestras personas y familias por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional. Los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios".