La Justicia española emitió una nueva instrucción que impedirá registrar en el Registro Civil español a niños nacidos fuera del país mediante gestación subrogada, una práctica prohibida en España desde el año 2006.
La medida obliga a quienes recurran a este procedimiento a acreditar el vínculo biológico o iniciar un proceso de adopción.
En 2024 se anuló un contrato de gestación subrogada validado judicialmente en Estados Unidos, argumentando que este tipo de acuerdos vulneran la dignidad humana y no pueden reconocerse en España.
Solo en 2023, se registraron 154 casos en España a través de este mecanismo, así lo recogen cifras oficiales.
Según medios del país, esta modificación busca impedir que ciudadanos españoles eludan la legislación nacional recurriendo a vientres de alquiler fuera del país.
La medida coincide con la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Supremo ya se había pronunciado en diciembre pasado al afirmar que la gestación subrogada convierte a las mujeres y a los niños en meros objetos de intercambio comercial, atentando contra su integridad moral. En esa misma línea, el alto tribunal defendió que el interés del menor no puede basarse en contratos firmados por los denominados "padres de intención", ni en la legalidad de estos acuerdos en otros países.
En otros países europeos, como Italia, la gestación subrogada supone un delito universal y puede dar lugar a penas de cárcel o multas. El país amplió el año pasado la persecución del delito a los ciudadanos italianos que recurran a la gestación subrogada en el extranjero. En muchos otros países, sin embargo, la práctica sigue siendo legal.