Seguirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, mientras avanza la investigación por estafas millonarias.
Hoy se llevó adelante una audiencia con el propósito de prorrogar la prisión preventiva de una mujer imputada en la causa que investiga una serie de estafas cometidas a través de una financiera que operaba en un edificio de calle Lamadrid al 400, en barrio sur de esta ciudad.
La audiencia fue dirigida por el titular de la Unidad Fiscal de referencia, Diego López Ávila, y la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, quienes solicitaron la extensión de las medidas de coerción. El juez interviniente hizo lugar a lo requerido por la Fiscalía, disponiendo que la imputada continúe bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y control policial por dos meses más.
La investigación abarca 39 hechos de estafas reiteradas, cometidos entre 2021 y 2024, a través de una empresa que ofrecía supuestas inversiones y contratos con intereses elevados. Las víctimas entregaban importantes sumas de dinero (en pesos y en dólares) con la promesa de obtener rentabilidad en plazos breves. Con el paso del tiempo, los responsables comenzaron a incumplir los pagos y a ofrecer cheques y pagarés como garantía, que luego resultaron incobrables por tratarse de cuentas cerradas o sin fondos. En algunos casos, las víctimas habían depositado los ahorros de toda su vida o indemnizaciones laborales.
De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, los acusados habrían montado un plan sistemático para aparentar solvencia, incluso simulando la cesión de acciones de la empresa y un divorcio civil ficticio, todo con el fin de evadir responsabilidades económicas y confundir a los inversores.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael explicó que el caso fue declarado asunto complejo por la magnitud de los hechos y la cantidad de pruebas en análisis. La causa presenta un número significativo de víctimas y un perjuicio económico millonario, por lo que la investigación continúa en curso para determinar el total de damnificados y el destino de los fondos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas.
