En repudio a su juramento, presentan una moción de privilegio en la Legislatura

Pedido de organismos de DD.HH

San Miguel de Tucumán, Octubre de 2019

Señor Presidente Honorable Legislatura de Tucumán CPN. OSVALDO JALDO

S / D

Los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán abajo firmantes, nos dirigimos a Ud. y por su digno intermedio a los señores y señoras Legisladoras, integrantes del cuerpo que Ud. Preside. El motivo de la presente es poner en conocimiento de la Honorable Legislatura de nuestro profundo malestar y repudio respecto a la conducta ejercida por el Legislador Gerardo Huesen, el día del juramento de su cargo. Por ello, y atento a la gravedad institucional de lo ocurrido, venimos a solicitar a la Honorable Legislatura en primer lugar la remoción del Legislador Huesen por inhabilidad moral; apología del terrorismo de Estado y negacionismo. En segundo término, solicitamos a la Honorable Legislatura de Tucumán que emita un desagravio a la sociedad tucumana por las expresiones del Legislador Huesen y se pronuncie expresamente en relación con el debido respeto que todos los miembros que la integran, deben guardar respecto a las instituciones democráticas, a la plena vigencia de los derechos humanos y de repudio de los crímenes del terrorismo de Estado.

FUNDAMENTOS DEL PEDIDO

Como es de público conocimiento el Legislador Huesen, realizó su juramento por la Constitución de Tucumán, “por su familia y por la memoria de general Bussi”, recibiendo aplausos de los allí presentes. Porque creemos fervientemente en la democracia, y hemos contribuido desde el surgimiento de las primeras organizaciones de derechos humanos en plena dictadura militar, a su restablecimiento primero y su fortalecimiento luego, la conducta del Legislador Huesen nos genera estupor. Se trata además señor Presidente de un sentimiento compartido por sectores representativos de nuestra sociedad (se acompañan con la presente copias de diferentes manifestaciones surgidas desde la sociedad civil de repudio a lo ocurrido el pasado 27 de octubre del corriente durante la jura del nuevo cuerpo legislativo). Entendemos que los ciudadanos que son ungidos con el honor de representar al pueblo, elegidos por el voto popular, en elecciones democráticas, deben respetar nuestro sistema democrático de gobierno. Además, deben respetar los principios que rigen nuestra convivencia democrática contenidos en la Constitución Nacional, así como los principios y valores prescriptos en las Convenciones y Tratados Internacionales que conforman nuestro bloque constitucional federal (Art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional). La conducta de Gerardo Huesen no se condice con estos principios democráticos. Reivindicar a Antonio Bussi es reivindicar a una persona condenada por crímenes contra la humanidad, inhabilitado por tales razones para ejercer cargos públicos, quien además formó parte del plan llevado adelante por las Fuerzas Armadas para deponer de facto al gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976. Jurar en su memoria, es ejercer una actitud negacionista de los crímenes del terrorismo de Estado, además de hacer apología del delito. Antonio Domingo Bussi fue condenado por que el Tribunal Oral Federal de Tucumán -un tribunal democrático y constitucional- a la pena de prisión perpetua por los cargos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, desaparición forzosa, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, delitos considerados de lesa humanidad. Esta sentencia fue dictada en el caso del físico y docente, Guillermo Vargas Aignasse, quien al momento del golpe de Estado era justamente un miembro de esa Honorable Legislatura. El caso de Vargas Aignasse, es paradigmático de las aberraciones que implementó el genocida Bussi mientras estuvo a cargo de la V° Brigada del Ejército y como interventor militar de la provincia (diciembre de 1975 a diciembre de 1977). Vargas Aignasse fue secuestrado, torturado, asesinado y sus restos arrojados en el llamado Pozo de Vargas. Fue identificado en el año 2011, a partir de la investigación judicial, instada, sostenida e impulsada por los familiares de desaparecidos de Tucumán. A este caso, debemos agregar el de otros legisladores tucumanos, detenidos desaparecidos en el mismo periodo. Son ellos los senadores Dardo Molina y Damián Márquez y el diputado Aldo Lechesse. A esta lista hay que sumar los cientos de hombres y mujeres trabajadores, sindicalistas, estudiantes, docentes, militantes políticos, de Tucumán y de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero, que sufrieron la misma suerte. Ahí están los centros clandestinos de detención -unos 30 aproximadamente- que se habilitaron durante el gobierno militar de Antonio Domingo Bussi para esconder y mantener en calidad de “desaparecidos” a miles de personas. Los más reconocidos son: Jefatura de Policía, la Escuelita de Famaillá, Arsenal Miguel de Azcuénaga, Escuela de Educación Física, y la ex sede de la Brigada de Investigaciones, ubicada ésta precisamente en la entrada de la sede Legislativa y señalizada, para que NUNCA OLVIDEMOS lo que ocurrió. En ese mismo edificio que alberga a los representantes del pueblo, que deben ser los primeros que respeten los derechos humanos y los principios democráticos. La existencia y funcionamiento de esos lugares, así como la responsabilidad de Bussi por la comisión masiva y sistemática de violaciones a los derechos humanos en Tucumán fue acreditada en juicios llevados adelante por jueces democráticos con todas las garantías legales. Esos espacios fueron la expresión de la arbitrariedad, el latrocinio, la tortura y el exterminio de personas, promovido, dirigido e implementado en nuestra provincia, principalmente por Antonio Bussi, cuya memoria reivindica el ahora legislador Gerardo Huesen. Esto que aquí declaramos, no son opiniones, sino que es el contenido de las sentencias judiciales dictadas desde la transición democrática, hasta ahora, respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestra provincia y en nuestro país.

PETITORIO. ENCUADRE LEGAL Y REGLAMENTARIO DE LA PETICIÓN

Por esta razón, nos presentamos ante la Honorable Cámara Legislativa por intermedio del señor Presidente del cuerpo para solicitar como lo prevé nuestra constitución provincial y el reglamento legislativo, lo siguiente. Exigimos un pronunciamiento de las Honorable Legislatura de Tucumán de desagravio a la sociedad tucumana por la postura antidemocrática del Legislador Gerardo Huesen, quien reivindicó a un ex militar, condenado por delitos de lesa humanidad, que además formó parte del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976. Su conducta, además de constituir apología del delito, se encuentra reñida con los principios democráticos y el espíritu de múltiples Convenciones y Tratados internacionales de Derechos Humanos que forman parte de nuestro bloque constitucional federal (art. 75. Inc. 22) y provincial. Ponemos de manifiesto que las expresiones del Legislador Huesen se encuentran penadas por nuestro código Penal, que en su artículo 213, tipifica la figura de la apología del crimen: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.” Solicitamos la Honorable Legislatura de Tucumán que inicie el procedimiento previsto en el Articulo 132 del reglamento legislativo el cual prevé que “En caso de que incurra en falta más grave, la Legislatura, a indicación del Presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión si es llegada la oportunidad de usar la facultad que confiere el artículo (*) 58 de la Constitución. Resultando afirmativa, el Presidente pasará el asunto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que proponga las medidas que el caso demande.” En este sentido, según lo que dicta nuestra Constitución Provincial, solicitamos la REMOCION del cargo para el que ha sido electo al señor Gerardo Huesen, por Inhabilidad Moral sobreviniente tal como recita el Art. 58 de nuestra carta Magna provincial “La Legislatura dicta su reglamento. Podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno. Bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que los legisladores hicieran de sus cargos.” La conducta del Legislador Huesen, como lo señalamos más arriba se encuentra incursa en delitos tipificados en el Código Penal. Asimismo, entendemos que su causal de inhabilidad moral está dada justamente por su falta de apego a los valores democráticos que deben formar su comportamiento como representante del pueblo, lo que es incompatible con la reivindicación de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. La Legislatura de Tucumán, en tanto poder del Estado, debe encuadrar la acción institucional del cuerpo y sus miembros a parámetros democráticos, pues sus miembros han adquirido esa cualidad, exclusivamente por el voto emitido por la ciudadanía. La democracia que tanto nos costó construir, tiene reglas que todo el mundo debe respetar, mucho más en un recinto legislativo. Es un contrasentido, que en ese espacio se reivindique el accionar de un militar golpista y genocida, sin que esto genere una adecuada reacción institucional. Creemos fielmente que después de 44 años de ocurrido el Operativo Independencia –el cual fue nominado como el inicio del Terrorismo de Estado en nuestra querida provincia por el Tribunal Oral de Tucumán en su sentencia del año 2017- y transcurridos 43 del último Golpe de Estado y posterior dictadura cívico-militar que dejó como saldo la tortura, la muerte, la desaparición forzada y el horror de nuestro pueblo, aceptar actitudes de este tipo es un deterioro de la democracia que construimos día a día cada argentino y argentina desde el año 1983 a la fecha.

Sin otro particular, y esperando le dé un curso favorable a este pedido, saludamos a Ud. con atenta consideración.