La Justicia volvió a intimar al Gobierno para que cumpla con la medida cautelar que ordenó aplicar dos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 Martín Cormick le otorgó al Estado cinco días para cumplir, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas por el incumplimiento de la orden judicial.
La nueva resolución fue dictada después de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra la intimación anterior. Frente a ese planteo, el magistrado decidió ampliar los fundamentos de su decisión y ratificó que la cautelar se encuentra firme.
El 312,19% que tomó la Justicia como referencia
Uno de los datos centrales de la resolución aparece cuando el juez analiza la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, período que toma como referencia para evaluar el cumplimiento de la cautelar.
Con base en el IPC del INDEC, señaló que “la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes junio de 2026 … resultó ser del 312,19%”. A partir de ese dato, concluyó que de las respuestas presentadas por el Estado “no se advierte que se haya alcanzado dicho incremento”.
El Gobierno dijo que solo corresponde actualizar una de las becas
El segundo punto de la resolución está relacionado con las becas estudiantiles. El artículo 6° de la ley establece la recomposición de los programas de becas según la variación acumulada del IPC e incluye expresamente a Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras.
En este aspecto, el juez detectó otra diferencia entre lo ordenado y lo informado por el Gobierno.
La propia representación del Estado sostuvo que, según su interpretación de la ley, “la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano”.
“De esta forma, ni las becas Progresar, ni las denominadas de enfermería corresponden al aludido programa, y tampoco las ‘otras’ tal como incorrectamente señala la ley en cuestión”.
Para el magistrado, esa explicación no acredita el cumplimiento de la cautelar. Por eso, concluyó: “el cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente en relación a éste punto”.
Cinco días y posible multa
Luego de analizar los argumentos del Gobierno, el juez ordenó una nueva intimación al Estado Nacional: “intímese nuevamente al Estado Nacional -P.E.N- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”.
La medida cautelar dictada en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires está firme, tras una resolución de la Corte Suprema de junio pasado que avaló la decisión del juez.