Según la acusación, el 29 de octubre de 2023, previo acuerdo de voluntades y división de tareas, las acusadas ingresaron y se instalaron sin autorización en el inmueble ubicado en calle San Lorenzo al 2300 de esta ciudad, que se encontraba bajo la legítima posesión del dueño, quien había cedido la tenencia a otra persona.
Las usurpadoras aprovecharon el acceso que les había otorgado el dueño de la propiedad para realizar tareas de limpieza y mantenimiento de la misma. Sin embargo, en virtud de la confianza depositada por éste y abusando de la confianza dispensada, lo despojaron de la tenencia y de la posesión, impidiéndole el libre acceso y disponibilidad del inmueble. Posteriormente, ingresaron con sus respectivos grupos familiares de manera clandestina con el propósito de colaborar en el mantenimiento de la ocupación ilegítima contribuyendo con su accionar a consolidar el despojo. Para lo cual, gestionaron el cambio de titularidad en septiembre de 2023 del medidor eléctrico y en septiembre de 2024 del servicio de gas. Tales actuaciones dan cuenta de la maniobra destinada a mantener la ocupación del inmueble. Cuando las víctimas se presentaron en el lugar, el 30 de octubre de ese año, con la intención de recuperar el terreno, las acusadas profirieron gritos y amenazas para exigirles que se fueran.
El auxiliar de fiscal, Rogelio Rodríguez del Busto, requirió para ambas el cumplimiento de medidas de menor intensidad por seis meses, entre ellas, la prohibición de acercamiento de las imputadas respecto al denunciante, todo ello en un radio de 200 metros, debiendo, además, de abstenerse de realizar cualquier acto de turbación, perturbación y/o intimidación directa o indirecta a la víctima y a su grupo familiar, por cualquier medio, sea informático, por mensajes de texto y/o redes sociales. Por la vía civil, ya se había restituido el inmueble en cuestión al damnificado.
