A un año de la sanción de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, un informe difundido el 8 de julio de 2025 analiza en profundidad sus principales impactos. El documento, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostiene que la normativa promovida por el gobierno de Javier Milei significó un retroceso sustancial en las capacidades del Estado, con consecuencias que abarcan desde la concentración de poder en el Ejecutivo hasta la privatización de empresas estratégicas y la caída del empleo registrado.
El estudio comienza señalando que uno de los cambios más significativos fue la delegación masiva de facultades legislativas al presidente. A través de 157 decretos —75 DNU y 82 decretos delegados— se desactivaron organismos públicos clave y se desarticularon fondos fiduciarios vinculados a salud, ciencia, infraestructura y derechos humanos. Entre las entidades eliminadas se encuentran el INADI, el ENOHSA y el Fondo Fiduciario PROCREAR.
En materia económica, la Ley Bases impulsó un nuevo esquema de privatizaciones, que incluye tanto a empresas aprobadas por el Congreso como otras excluidas del listado original. ENARSA, Intercargo, Corredores Viales, AySA y Belgrano Cargas están en proceso de venta o reconversión, mientras que otras como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación han sido blanco de maniobras para su vaciamiento, pese a no contar con aval legislativo.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), otro de los pilares discursivos del oficialismo, tampoco mostró los resultados esperados. De los cinco proyectos aprobados, cuatro ya estaban en carpeta antes de su implementación. Según el informe, el RIGI no generó un volumen significativo de empleo ni impulsó una nueva ola de inversión extranjera directa.
A nivel tributario, la Ley redujo alícuotas de Bienes Personales y restableció el impuesto a las Ganancias para trabajadores, consolidando un sistema menos progresivo. En lo laboral, las reformas facilitaron despidos, extendieron períodos de prueba y debilitaron controles frente a la informalidad, sin que eso se haya traducido en una mejora del empleo registrado.
En cuanto a la obra pública, se introdujo un nuevo régimen de concesiones que favorece ampliamente al sector privado, eliminando requisitos como el abaratamiento de tarifas. La licitación de la Hidrovía, impulsada con este nuevo marco legal, fue cancelada por irregularidades y cuestionamientos judiciales.
El informe concluye que, lejos de promover una modernización estatal o una mayor eficiencia, la Ley Bases ha implicado una transferencia de recursos y funciones desde el Estado hacia el mercado, con un fuerte impacto regresivo. La caída del empleo registrado, la pérdida de herramientas soberanas y el debilitamiento del entramado institucional son, según CEPA, señales de una transformación estructural que prioriza la rentabilidad privada por encima de los intereses públicos.