Ayer, jueves 18 de diciembre, se realizó una audiencia en el marco de la causa que investiga a una organización criminal que habría operado en la provincia de Tucumán entre febrero de 2023 y marzo de 2025, integrada por funcionarios policiales, abogados y particulares. En esta oportunidad, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, pidió la prórroga de las medidas de coerción (prisión preventiva en algunos casos y arresto domiciliario, en otros) que vienen cumpliendo seis implicados: entre ellos tres ex policías y dos letrados. Se les endilgan los delitos de usurpación por despojo, estafa procesal, uso de documento privado falso, estelionato y robo por efracción.
“En total, hasta el momento, se le formularon cargos a doce personas como miembros permanentes y no permanentes de esta asociación ilícita encabezada por Edgardo Daniel Chavarría (ex sargento de la Policía). Además, hay imputados que se encuentran prófugos con órdenes de rebeldía y captura vigentes”, señaló la auxiliar de fiscal Emely Rafael.
A su vez, la funcionaria judicial precisó que esta causa –declarada como asunto complejo en julio de 2024– “es una conjunción de más de diez legajos que estamos investigando”. Cabe resaltar que Chavarría viene siendo investigado por una serie de estafas que habría llevado adelante contra una pluralidad de víctimas pertenecientes a la feria “Paseo Roque Sáez Peña” (zona de “El Bajo”, en la capital) y dos hechos aislados de usurpaciones. En tanto que, en abril de este año, se le ampliaron los cargos como jefe de la asociación ilícita, en una pluralidad de sucesiones de hechos de usurpaciones, estelionatos y diferentes tipos de defraudaciones.
Basándose en la existencia de los peligros procesales de fuga y obstaculización de la investigación, y a los fines de avanzar con la recolección de evidencias, Rafael requirió que se prolonguen las prisiones preventivas y arrestos domiciliarios de estos seis imputados por el plazo de cinco meses. Luego de un cuarto intermedio para analizar su resolución, la jueza interviniente decidió hacer lugar parcialmente al pedido de la Fiscalía y dispuso las medidas planteadas, pero por el término de tres meses.
La teoría del caso
La acusación da cuenta de la existencia de una organización criminal que habría operado de manera sostenida en la provincia de Tucumán entre febrero de 2023 y marzo de 2025, integrada por funcionarios policiales, abogados y particulares con una estructura jerárquica y roles definidos. La asociación tenía como objetivo principal la comisión de delitos contra la propiedad, especialmente usurpaciones de inmuebles, estafas y maniobras procesales fraudulentas, focalizando su accionar en propiedades vulnerables por encontrarse en sucesión, deshabitadas o pertenecientes a adultos mayores.
De acuerdo a lo expuesto, los integrantes de la organización realizaban un análisis previo de la situación dominial de los inmuebles seleccionados y posteriormente ejecutaban ingresos forzados, intimidaciones o tomas clandestinas. Una vez consumado el despojo, desplegaban diversas maniobras destinadas a simular una posesión legítima, mediante la confección y utilización de documentación falsa —como boletos de compraventa, contratos de locación y cesiones de derechos—, recurriendo a prestanombres, testaferros o incluso a la utilización de datos de personas fallecidas, con el fin de engañar tanto a las víctimas como a la Justicia.
La investigación también señala la participación de funcionarios policiales que, abusando de su cargo, habrían aportado información confidencial, ocultado pruebas, alertado sobre medidas judiciales y condicionados procedimientos, favoreciendo el accionar delictivo de la organización. En este marco, se describen numerosos hechos concretos ocurridos en distintos inmuebles de San Miguel de Tucumán y zonas aledañas, con múltiples víctimas, y se formulan las correspondientes imputaciones por asociación ilícita y otros delitos conexos, solicitándose la formalización y reformulación de cargos contra los imputados.
