La diputada del FdI Sara Kelany, una de las impulsoras de la propuesta junto al portavoz Galeazzo Bignami y el subsecretario de Justicia Andrea Delmastro, ha explicado que la medida “servirá para contrarrestar la creación de enclaves y contrasociedades en las que se aplica la sharia en lugar del ordenamiento jurídico italiano, y donde florece el fundamentalismo islámico”.
El texto legislativo, compuesto por cinco artículos, establece en su quinto punto que “queda prohibido el uso de prendas que cubran el rostro, mascarillas o cualquier otro medio que impida el reconocimiento personal en lugares públicos, centros educativos de cualquier nivel, universidades, oficinas o establecimientos comerciales”. Las infracciones serán sancionadas con multas de entre 300 y 3.000 euros.
Además, el proyecto regula la financiación y construcción de lugares de culto, con el objetivo de asegurar la transparencia en el origen de los fondos y evitar que procedan de organizaciones o Estados con fines contrarios al orden jurídico italiano. Las donaciones procedentes del extranjero deberán ser comunicadas de forma expresa al Ministerio del Interior.
El artículo tercero introduce también una reforma del Código Penal, que incrementa las penas previstas en el artículo 558 sobre inducción al matrimonio mediante engaño o coacción, para combatir los matrimonios concertados. La propuesta castiga con penas de entre cuatro y diez años de prisión a quien, “mediante violencia, amenazas o aprovechándose de preceptos religiosos o de una situación de vulnerabilidad, obligue a otra persona a contraer matrimonio, incluso en el extranjero”.
No es la primera vez que una formación del Gobierno italiano plantea una medida de este tipo. El pasado enero, la Liga, socio de coalición de Meloni, presentó un texto similar que también buscaba prohibir el burka y el niqab, apelando al respeto de la dignidad de la mujer y a razones de orden público.
Aunque Italia no cuenta aún con una ley que prohíba expresamente el velo islámico, la Ley 152 de 1975 ya restringe el uso de prendas o accesorios que impidan identificar a una persona en lugares públicos, salvo por motivos justificados o en eventos deportivos. En la práctica, esa norma ha servido de base legal para limitar el uso del velo integral en determinadas circunstancias, aunque sin una regulación específica hasta ahora.
La propuesta de Fratelli d’Italia refuerza así el compromiso de Meloni con la defensa de los valores occidentales y la lucha contra la radicalización islamista en territorio europeo, un tema que sigue ganando peso en el debate político del continente.
