A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones, dos casos mediáticos ocurridos en la última semana reabrieron las críticas y la discusión sobre su aplicación en el país. Uno de ellos es el de Felipe Pettinato, que se encuentra internado luego del incendio en su departamento en el que murió un médico en circunstancias que todavía no se esclarecieron en la justicia; otro, el de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, que ingresó en la clínica Avril luego de tener un brote psicótico. Marina Charpentier, la madre del músico, participó ayer de una jornada en el Senado para impulsar un cambio en la legislación actual.
La madre del músico calificó a la ley vigente como anacrónica y pidió modificarla para permitir a familiares poder internar a personas contra su voluntad.
El Director Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos y autor la Ley de Salud Mental, Leonardo Gorbacz, explicó que la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 dedica todo su capítulo VII a la estipulación de la internación, tanto voluntaria como involuntaria, respondiéndole de esta manera a Marina Charpentier.
"La Ley de Salud Mental dice que las internaciones tienen que ser el último recurso y no el primero en el sentido de que hay que buscar alternativas que sean menos restrictivas de la libertad de la persona y que llegado el caso donde sea necesario la internación, hay dos opciones: una es la internación voluntaria, es decir donde la persona está de acuerdo con llevarla adelante y firma un consentimiento, y para el caso de situaciones más graves que están en una situación de riesgo se puede llevar adelante una internación en contra de la voluntad de la persona o involuntaria con un control judicial efectivo que es a posteriori de la internación. Básicamente este es el esquema de internación que plantea la Ley de Salud Mental", arrancó explicando el especialista.
A lo que agregó que "esas internaciones involuntarias se pueden hacer bajo ciertos requisitos y controles, y tiene que haber una fundamentación desde el punto de vista profesional".
Aproximadamente un 80 por ciento de las instalaciones en las instituciones de salud mental monovalentes son involuntarias.
Gorbacz señaló, además, que "en salud mental se tienen muchas situaciones de crisis como intentos de suicidios, descompensaciones en personas con esquizofrenia, personas que consumen o que pueden estar en una situación de abstinencia. Son muy variadas las situaciones y los contextos. Todo eso se evalúa y si el equipo de salud considera que hay un riesgo, inmediatamente dispone la internación aunque la persona no esté de acuerdo y da aviso al juzgado. Luego, a las 48 horas tiene que enviar un informe que explica cuál es la situación".
El espíritu de la norma era modificar el concepto de que aquella persona que tenía algún padecimiento de salud mental sea internada en un manicomio para tratamientos prolongados.
"Con esta norma se trata de ir modificando el sistema de salud para que la atención pueda darse en todos los sistemas de salud. Lamentablemente, históricamente lo que ha pasado es que los hospitales generales y los centros de salud barriales no brindan servicios de salud mental y dejan todo en manos de grandes hospitales psiquiátricos, que son los que se conocen como manicomios, y lo que allí sucede, por la experiencia que venimos teniendo hasta ahora, es que una buena parte de la gente que ingresa no sale más y en lugar de recuperar su salud se cronifican y empiezan a perder habilidades sociales y lo que se ve en esos hospitales es la sobremedicación, la abulia, que va deteriorando a las personas, pero ya no producto de su enfermedad, sino producto de la respuesta que el Estado le dio a esa situación, así que ese es uno de los puntos que la ley busca modificar, es decir que la atención pueda darse, pero que esté orientada a recuperar la salud y no a que la persona quede internada de por vida en una institución", remarcó.
Gorbacz destacó que la familia tiene un rol fundamental en estas decisiones. Pero advirtió que no se puede reemplazar a los profesionales de la salud por los familiares en cuanto a la decisión”. Sin embargo, la indicación de tratamiento, como la indicación de cualquier medida terapéutica, es una responsabilidad exclusiva de los profesionales de la salud.
Para finalizar, consideró que "en un país federal y en un sistema que involucra a varios actores hay responsabilidades compartidas, entonces para la Ley de Salud Mental debe haber "un trabajo de articulación que hay que hacer con todas las provincias, los municipios, y luego también con el Poder judicial. Son varios los actores involucrados, pero centralmente sostengo con que todos estos problemas que estamos observando no tienen que ver con la ley, sino con su falta de implementación adecuada y completa", reflexionó.
La Ley de Salud Mental
La Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657 dedica todo su capítulo VII a la internación, tanto voluntaria como involuntaria. En el caso de esta última, indica que sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto y cercano para quien atraviesa un padecimiento de salud mental o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona. A su vez, indica que la internación debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al Órgano de Revisión de Salud Mental.
Quien es internado en contra de su voluntad tiene derecho a estar asistido por un abogado, privado o provisto por el Estado. El juez actuante debe pedir informes de salud cada treinta días como máximo.
Por otra parte, la limitación de las visitas debe ser excepcional y debidamente fundada por el equipo interdisciplinario interviniente. La institución receptora debe garantizar al paciente comunicación con su familia y allegados si así lo requiere.