La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo este miércoles al líder mapuche Héctor Llaitul, quien pertenece a un grupo radical que se atribuyó varios ataques en el sur del país, por su presunta vinculación con varios delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.
Los delitos que se le atribuyen al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) están enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado chileno y fueron incluidos en denuncias en su contra presentadas por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2020.
Llaitul fue detenido en la localidad de Cañete (550 kilómetros al sur de Santiago), Región del Biobío, tras la orden emitida por el Tribunal de Garantía de Temuco, capital de la Región de La Araucanía, ciudad a la que será trasladado para enfrentar a la Justicia.
La ministra del interior, Izkia Siches. en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda, hizo "un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen", en referencia a la cercanía con el plebiscito de 4 de septiembre, cuando se definirá si se aprueba o rechaza la nueva Constitución.
"El estado de derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley", dijo la ministra.
A las denuncias de 2020 se le sumó una nueva querella presentada el pasado 27 de julio por parte del Gobierno de Gabriel Boric.
"Las querellas que han materializado esta detención son producto de una acumulación que existen desde el 2020 a la fecha, que incorpora las acciones que ha hecho nuestro propio Gobierno", dijo Siches, quien también remarcó que los equipos jurídicos del Gobierno estarán presentes mañana en la formalización para solicitar "las medidas cautelares según la constatación de los hechos delictivos que se puedan dar en esta instancia".
Horas después, en un comunicado enviado al medio Werken Noticias, la CAM respondió a la detención de su líder y vocero acusando al actual Gobierno “de pseudo izquierda” de “dar continuidad a lo que fue antes la Concertación”, poniéndose “al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”.
También se mostraron sorprendidos por el apoyo del Partido Comunista a la militarización de la zona sur.
“La detención de nuestro vocero y dirigente histórico Hector Llaitul, busca amedrentar el proyecto político – estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe dignamente”, señala el comunicado.
Por último, la CAM llama a las demás comunidades mapuches en resistencia “a continuar y comenzar nuevos procesos de recuperación en contra del gran capital, a través de un verdadero control territorial”, dirigiendo “la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera”.
Llaitul reconoció en varias entrevistas la autoría por parte de miembros de la CAM de atentados incendiarios en el marco de las reivindicaciones históricas de tierras que realizan en el sur de Chile.
Además, el líder mapuche admitió recientemente la sustracción de madera de las industrias con el fin de hacerle frente a lo que considera “las mafias de la madera” y que a su juicio no es robo, sino “recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral”.
“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros (armas) y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”, señaló entonces el líder mapuche a Werken Noticias.
El robo de madera, especialmente a camioneros, y los ataques a maquinarias forestales son de los principales hechos violentos que se han registrado en la macrozona sur durante los últimos meses.
El conflicto en la zona sur del país se mantiene desde hace décadas y tiene origen en una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras que son consideradas ancestrales por los pueblos originarios.
A pesar de que, durante su candidatura Boric aseguró que no recurriría a la militarización para solucionar el conflicto, el 17 de mayo optó por aplicar el estado de excepción constitucional y desde entonces ha solicitado continuamente el permiso del Congreso para poder extenderlo en la Región de La Araucanía y el Biobío.
La semana pasada la medida, que implica la militarización de la zona, fue prorrogada por sexta vez en el Congreso y seguirá vigente hasta el 15 de septiembre.