El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue contundente al señalar que “no es creíble” que las autoridades locales no hayan encontrado nada meses antes. Ahora, la presión social crece para que este caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la magnitud del crimen organizado que operaba en ese lugar.
Una de las principales líneas de investigación sobre el campo de exterminio en Teuchitlán apunta a que las víctimas eran jóvenes reclutados con falsas ofertas de trabajo. El colectivo Guerreros Buscadores ha señalado que, a través de publicaciones en Facebook, hombres y mujeres de diferentes estados —principalmente del norte— eran atraídos con la promesa de empleos como choferes, electricistas, guardias de seguridad o ayudantes generales.
El testimonio de un integrante del colectivo reveló que muchas víctimas fueron citadas en terminales de autobuses, desde donde eran trasladadas al rancho en Teuchitlán. Una vez ahí, eran sometidas a condiciones infrahumanas, entrenamientos violentos e incluso ejecuciones. Según el colectivo, los jóvenes que fallaban en las pruebas o desobedecían eran asesinados y sus cuerpos incinerados en los hornos encontrados.
“Muy importante, chavos. Por favor tengan cuidado con las ofertas de trabajo. Esto es real, no es ficción”, advirtió el colectivo en sus redes sociales.
En el rancho, el colectivo encontró alrededor de 400 pares de zapatos, lo que sugiere que al menos 200 personas fueron asesinadas en el lugar. Además, se hallaron mochilas, ropa, documentos y objetos personales que podrían ayudar a identificar a algunas víctimas.
El rancho contaba con tres hornos crematorios improvisados, construidos con tambos metálicos, ladrillos y madera. Dentro de ellos había restos humanos calcinados, lo que confirmaba el horror vivido en ese lugar.
Además, el colectivo halló casquillos percutidos, cargadores de armas de alto calibre, esposas metálicas y otros elementos que sugieren que el lugar no solo funcionaba como crematorio, sino también como centro de exterminio.
Según la líder del colectivo, Indira Navarro, testimonios y pistas sugieren que el rancho en Teuchitlán operaba como un centro de adiestramiento criminal dirigido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los jóvenes eran obligados a realizar ejercicios físicos extremos, prácticas con armas e incluso pruebas de combate.
El entrenamiento estaba dividido en fases: la primera, conocida como “el kinder”, consistía en pruebas físicas intensas. La segunda, llamada “la escuelita del terror”, era impartida por exmilitares mexicanos y colombianos, quienes enseñaban técnicas de combate, manipulación de armas y tácticas de ataque. Los errores o fallas durante este entrenamiento eran castigados con ejecuciones en un área llamada “la carnicería”.
Los sobrevivientes eran enviados a zonas de combate reales en estados como Zacatecas o Michoacán. Quienes no superaban las pruebas eran asesinados en el lugar.
Lo que más ha causado indignación en este caso es que el campo de exterminio en Teuchitlán ya había sido cateado por la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024. Sin embargo, las autoridades aseguraron en ese entonces que no encontraron nada.
“No es creíble que no hayan visto los hornos, los cientos de zapatos o los cuerpos calcinados“, dijo Gertz Manero al respecto. Esta declaración ha generado aún más presión sobre la Fiscalía estatal, encabezada por Salvador González, y el gobernador Pablo Lemus, quienes argumentan que el cateo se realizó durante el sexenio anterior (durante el gobierno de Enrique Alfaro) y que no tenían conocimiento de la existencia del crematorio.
Sin embargo, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado esta versión, asegurando que resulta ilógico que las autoridades no detectaran la operación del campo de exterminio.
