El abogado constitucionalista Félix Lonigro consideró que "no es fácil" someter al presidente Javier Milei a juicio político por el escándalo con la criptomoneda $LIBRA que promocionó en sus redes sociales, pero advirtió que las consecuencias políticas pueden ser "mayores" que las penales.
"No es fácil el juicio político, pero este escándalo seguramente empiece a erosionar la credibilidad que popularmente Milei tiene. Desde el punto de vista penal, para Milei, no creo que las consecuencias sean mayores; pero desde el punto de vista político, sí", afirmó este domingo.
En diálogo con radio Splendid, el letrado explicó que en este caso "hay dos responsabilidades: una responsabilidad penal, si se comete un delito, y una responsabilidad política que pasa por la determinación del mal desempeño por parte del Congreso de la Nación".
"Tuvimos un Presidente que, con su intemperancia, esclavo de su propia lengua, se largó a hacer referencia a una criptomoneda, que en definitiva no es un bono del Estado. Se eleva su cotización en poco tiempo, hace que muchos generen enormes ganancias con esto y después, de pronto, empieza a caer. Ahí es donde la responsabilidad del Presidente empieza a fallar", explicó.
En cuanto la defensa de que "un tuit no es delito", Lonigro aclaró: "Si yo con un tuit incurro en apología del delito, en intimidación, amenaza y demás, entonces sí el tuit es delictivo. Acá pasa igual. Habría que ver si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa en la industria, el comercio", enumeró.
También advirtió que, por más que haya hecho el posteo desde su cuenta personal, "no lo exime al Presidente de, a través de la palabra y la libertad de expresión, incurrir en la comisión de delitos". "Esto va a servir no solamente para poner en orden la responsabilidad penal, sino también para que su propia lengua le meta un sacudón", consideró.
"Venimos con un aluvión de agresiones y no se salva nadie, acá están todos metidos en ese vendaval intemperante. A lo mejor esto le mete un freno. Indudablemente va a tener repercusiones políticas en el Congreso y me parece muy bien que así sea. Vamos a ver en qué termina", anticipó el abogado.
En ese sentido, sostuvo que "desde el punto de vista constitucional, acá lo que está en juego es la responsabilidad política por mal desempeño o comisión de delitos. El Congreso de la Nación tiene autonomía para decidir si el Presidente cometió un delito y lo puede echar. Por ahí después interviene la Justicia y dice que no hubo delito", indicó.
También descartó que la Oficia Anticorrupción participe de la investigación, ya que depende del Poder Ejecutivo. "Los fiscales de oficio tienen que actuar y está bien que se investigue, porque acá efectivamente hubo algunos que se beneficiaron y tantísimos otros que se perjudicaron, y todo fue gracias al desborde presidencial", concluyó.