Viola explicó que el proceso de formación de leyes tiene dos etapas: la primera es legislativa, con el tratamiento en ambas cámaras del Congreso; la segunda es la intervención del Poder Ejecutivo, a quien la Constitución le reconoce la facultad del veto. “Una vez sancionada una ley, el presidente puede vetarla, pero el Congreso tiene la posibilidad de insistir con los dos tercios de los votos en ambas cámaras”, señaló.
El especialista cuestionó con firmeza la idea de llevar la discusión al plano judicial: “La Corte Suprema tiene una jurisprudencia pacífica y antigua que establece que estos temas son cuestiones políticas no justiciables. Es decir, no corresponde que el Poder Judicial intervenga en conflictos entre los poderes legislativo y ejecutivo sobre sanción de leyes”.
Para Viola, judicializar la insistencia parlamentaria sería “un desacierto jurídico e institucional” por parte del presidente. “Confunde un problema jurídico con uno político”, afirmó. Además, advirtió que adelantar públicamente el veto o condicionar el debate antes de que las cámaras se expresen, puede interpretarse como una presión indebida sobre los otros poderes.
En relación a la posible argumentación del gobierno –que afirma que estas leyes pondrían en riesgo el superávit fiscal–, el abogado sostuvo que no se trata de un motivo válido para que intervenga la Justicia: “No es argumento suficiente. Para judicializar una ley hay que probar una vulneración concreta a la normativa o al reglamento, no simplemente estar en desacuerdo con el contenido”.
Viola consideró, finalmente, que este tipo de tensiones entre poderes reflejan un problema político de fondo: “Falta diálogo y muñeca política. Pretender que el Poder Judicial intervenga donde no le corresponde solo agrava la crisis institucional”, concluyó.
