La toma de tierras agrícolas y pecuarias, o simplemente destinadas al turismo rural, puso en alerta a productores de las provincias de Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, que realizaron el pasado sábado un foro para presentar la problemática que vivieron en estos distritos diferentes titulares de tierras afectados por la usurpación de su propiedad. El encuentro se denominó “Primer Foro Consenso Tucumán por un Norte Grande Sustentable y en Paz”.
El evento fue organizado por la Asociación Civil para la Protección, Desarrollo y Cooperativas de la Propiedad Privada (PRODECO), una entidad que busca visibilizar la problemática que genera la toma de tierras productivas en el norte argentino relativos a la propiedad privada y a la propiedad de las comunidades indígenas. Allí se analizó los alcances y derechos que promueve la Ley 26.160, junto a sus sucesivas prórrogas. Se trata de una norma que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias de la Argentina, que cuenten con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
Dora Pérez, presidenta de PRODECO, en comunicación con LV12, dio detalles de la reunión que se realizó y dio su punto de vista. "Se realizó el pasado sábado 30, hicimos el primer foro consenso a Tucumán por un norte sustentable y en paz, es una asociación civil, en la cual soy la presidenta. Realizamos este foro para visibilizar la problemática que venimos sufriendo hace un par de años y que hasta el momento no tenemos ninguna solución ya que somos muchas personas afectadas por estas usurpaciones de la comunidad indígena, de falsas comunidades indígenas que en los últimos años han ido apareciendo bastantes, en diferentes jugares del norte".
"La ley 26.160 a nosotros nos imposibilita de muchas cosas, esta ley fue creada en el año 2006, ya pasaron muchos años y aún no tenemos solución, ya que es una ley de emergencia y esto nos trae problemas a los propietarios, no nos deja hacer ningún tipo de trabajo en nuestras propiedades, esta gente es violeta y actúan en patota y hacen bastante daño", comentó.
Por otro lado, reconoció que le llama "falsas comunidades indígenas", porque no cumplen con todas las condiciones y requisitos que deberían de tener. En el año 2019 Dora, se comunicó con la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la señora Magdalena Odarda y ella no les dio ninguna solución, en la presidencia anterior, enviaron carta documento y su respuesta fue que el solo hecho de autoreconocerse o sentirse indígena para ellos es suficiente.
"Creo que la única comunidad real es la de Amaicha del Valle, después todas las otras no cumplen con los requisitos que deberían de tener. Nosotros tenemos todas las presentaciones judiciales hechas pero los jueces no reaccionan debido a esta ley que los protege y no los pueden desalojar. Hubo un caso de desalojó en Tolombón, el departamento de Trancas, donde uno de los propietarios, era un productor y ellos ingresaron y les rompieron toda la plantación, rompieron las mangueras de riego, fueron desalojados dos veces pero volvieron a entrar. No respetan las leyes, no respetan nada", agregó.
Por último, reconoció que no tuvieron respuesta de la justicia, ni del INAI, ni del gobierno de turno. "Es triste lo que voy a decir pero, el gobierno de turno, los utiliza como punteros políticos y les otorga subsidios, ayudas económicas. Nosotros hacemos responsable al INAI por haber entregado tantas personerías jurídicas".