El Gobierno pretende que sea el fin de los contratos de triangulación entre empresas de medicina privada y obras sociales, un mecanismo existente desde hace décadas.
El nuevo régimen rige desde el 1 de diciembre y cayó mal entre los sindicatos, lo que podría acrecentar la tensión entre el Gobierno y la CGT.
De esta manera, cualquier afiliado podrá solicitar que sus aportes vayan directamente a las arcas de la empresa de medicina privada.
Son 4.300.000 personas, trabajadores en relación de dependencia, las que podrían solicitar este fin de la triangulación, a través de un sitio que habilitará Salud.
Tal como detallaron, ese "peaje" (la comisión cobrada por la intermediación) representa entre 3% y 7% del valor del servicio, según el caso. Quitar ese costo podría redundar en cuotas más bajas.
Según el gobierno, solo en noviembre la triangulación absorbió $41.158 millones.
El FSR debe cubrir los gastos para atención médica de personas con discapacidad. Y en este punto el Gobierno planea abrir un gran debate que puede impactar en las cuentas de los gobernadores.
La Superintendencia empezó por confrontar las críticas sobre las bajas en servicios y coberturas para personas con discapacidad, a propósito de la famosa motosierra. Por lo tanto, proponen que las provincias se hagan cargo de dicha erogación, que en 2024 ronda los $450.000 millones.
FUENTE: ámbito