Según detallaron desde el organismo, "durante años el PAMI fue utilizado con fines políticos, estableciendo estructuras clientelares en distintas regiones del país y convirtiendo al Instituto en una herramienta para negocios privados al margen de la ley". Con esta iniciativa, la actual gestión busca poner fin a estas dinámicas mediante una política centrada en el "orden institucional, la transparencia y el control del uso de los recursos".
De acuerdo a lo informado en el comunicado, uno de los hallazgos más relevantes en esta etapa inicial fue el uso excesivo de las denominadas “vías de excepción” para la entrega de medicamentos e insumos. Este mecanismo, que debería utilizarse solo en casos extraordinarios, se aplicaba con frecuencia para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, lo que generaba un "contexto propicio para la falta de transparencia y posibles desvíos de fondos públicos".
Frente a estas irregularidades, se ha puesto en marcha una investigación interna. Desde PAMI aseguraron que, de confirmarse los hechos, se aplicarán las sanciones correspondientes. “No se tolerará que el dinero de los afiliados termine en manos de quienes usaron el sistema para beneficio propio”, afirmaron.
La intervención apunta a desarticular redes de privilegios y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. "El tiempo de la impunidad se terminó”, concluye el comunicado de la actual gestión de PAMI.
