Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) y antigua colaboradora de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), pidió la liberación de los genocidas detenidos por delitos de Lesa Humanidad en el país. Estas declaraciones de Pando generaron un enorme repudio en la sociedad.
Para dialogar sobre el tema, LV12 se comunicó con Diego Morales, director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En el inicio de la charla admitió que esas declaraciones causan gran preocupación y que son argumentos que se vienen repitiendo desde la recuperación de la democracia.
"Eran los mismos argumentos que usaban los militares para señalar porque los jueces civiles no podía condenarlos, solo los podían hacer Dios o los jueces militares", citó Diego Morales.
Siguiendo esa línea contó que "en aquel momento se explicó que las acciones que llevaron adelante los militares estaban prohibidas ya por el derecho internacional, había una costumbre que prohibía llevar adelante crimines de lesa humanidad".
Por eso mismo fundamenta que "no es cierto que los judicios son ilegítimos y que se han afectado las garantías".
A su vez Morales explicó que "Argentina es de los pocos países que decidió llevar adelante las investigaciones y sanciones eventuales a través de la justicia civil, de la aplicación del código penal, códigos procesales, es decir cómo nos caben a todos los ciudadanos, los militares no tienen excepción".
"Están las evidencias que demostraron como se organizó todo el aparato estatal para perseguir, torturar, desaparecer y asesinar, no es que solo fue una declaración", replicó.
Sobre los dichos de Pando sobre la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas no va a ser posible, si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas, Diego Morales respondió: "Parece que la única respuesta frete a manifestaciones es la represión, cuando en realidad es todo lo contrario".
"La represión debería ser lo último y está prohibida no se puede agredir a aquel que se manifiesta", sostuvo.
Considera que la dictadura militar en vez de juzgar a quienes cometían hechos ilegítimos de civiles decidieron concretaron un plan sistemático de eliminación y exterminio.
"Esto es un límite que tiene un proceso de reconstrucción de la verdad muy concreto que es el uso de la tortura, de la eliminación de documentos", cerró Diego Morales, director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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