El problema de la morosidad se viene profundizando y cada vez más personas acumulan atrasos en el pago de sus deudas. En el sistema financiero, los deudores son clasificados en distintas categorías de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos y la situación 5 o “irrecuperable” es la de mayor riesgo: son quienes llevan más de un año sin pagar. Ese universo ya alcanza a más de 3,5 millones de personas y creció por encima de 60% en los últimos 12 meses.
La información incluye a bancos, Fintech, tarjetas de consumo y fideicomisos financieros y surge de distintos relevamientos privados que fueron consultados por TN.
En concreto, de las 20,6 millones de personas que tienen algún tipo de deuda, 5,6 millones se encuentran en situación irregular —en la jerga financiera, catalogados desde la situación 3 en adelante o con un atraso de más de 90 días—.
Dentro de ese grupo, en junio, más de 3,5 millones de personas quedaron clasificadas en situación 5, mientras que hace un año esa cifra era de 2,1 millones. El número representa un salto de 63,5% o de 1,3 millones de personas más que un año atrás. Así lo estimó la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia en base a los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA).
El dato adquiere mayor relevancia porque el universo total de personas con saldo de deuda no mostró un crecimiento tan exponencial, sino que pasó de 19,7 millones en junio de 2025 a 20,7 millones en junio de este año, un incremento de apenas 5%. Así, los deudores clasificados como irrecuperables pasaron de representar el 11% del total de personas con alguna deuda al 17% en doce meses.
En la misma línea, en la consultora Analytica calcularon que las personas en situación irrecuperable pasaron de casi 2 millones a 3,8 millones en un año.
“Observamos que, respecto a un año atrás, en junio de este año la situación que más creció, medida en cantidad de personas, es la de deudores irrecuperables. Hay varios factores que ayudan a entender esta dinámica, pero el más relevante es sin dudas la pérdida de poder adquisitivo de las familias, sobre todo porque son deudas en promedio de $400.000″, puntualizó el director de Analytica, Claudio Caprarulo.
La clasificación del BCRA divide a los deudores en categorías de acuerdo con el nivel de atraso. La situación 1 corresponde a quienes mantienen un cumplimiento normal, que no supera los 31 días, y la 2, a quienes presentan un riesgo bajo, de hasta 90 días. A partir de la situación 3 —atrasos entre 90 y hasta 180 días— ya empieza a considerarse irregular para el sistema financiero. La situación 4 contabiliza incumplimientos de más de 180 días y la 5, atrasos superiores a un año.
Ahora, ¿qué implica estar catalogado como “deudor irrecuperable”? Formar parte de esa clasificación principalmente complica la posibilidad de acceder a nuevos mecanismos de crédito, ya que las entidades del sistema financiero tienen en cuenta el historial crediticio antes de otorgar préstamos.
“Estar en una situación de irregularidad hace más difícil acceder a préstamos, por ejemplo, para acceder a una tarjeta de crédito o una garantía de alquiler. El reflejo de esto es que la tasa de interés de los adelantos está en niveles muy altos en comparación con la inflación mensual. Es más bien una tasa que lo que busca es disuadir la toma de préstamos. Y es preocupante básicamente porque es algo inédito. Nunca hubo tanto porcentaje de la población adulta en situación de irregularidad crediticia y es un reflejo de la caída de los ingresos y puede tener impacto hacia adelante”, resumió Matías Rajnerman, jefe del Departamento de Macroeconomía del Banco Provincia.
El trasfondo troncal que explica el incremento hacia niveles más agravados de morosidad responde al deterioro del poder de compra de los ingresos. Más allá de eso, en la consultora EPyCA también enumeraron diversos efectos que motorizaron el crecimiento de las irregularidades en el pago de las deudas.
En primer lugar, mencionaron el endurecimiento de los encajes bancarios dispuesto por el Banco Central desde mediados de 2025, que frenó el crédito en pesos al sector privado. Por el costado productivo, indicaron, la falta de un crecimiento sectorial sostenido “impide recomponer las ganancias empresarias y los ingresos de los hogares al ritmo necesario para afrontar las deudas contraídas durante el impulso crediticio de 2024 y 2025″.
Por último, consideraron que la menor capacidad de compra de las familias y el mayor peso de las tarifas y el transporte sobre sus ingresos llevaron incluso a muchos hogares a financiar con tarjeta de crédito consumos de primera necesidad.
“La intervención sobre las paritarias privadas y la definición a la baja de las paritarias del sector público operan en el mismo sentido. En general, las familias tienen menores ingresos en términos reales y una mayor proporción de esos ingresos se destina al pago de servicios públicos y transporte público. Por eso también muchas familias debieron comenzar a pagar consumos de primera necesidad (alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, etc.) con la tarjeta de crédito, incluso si ese endeudamiento no podría ser repagado”, puntualizaron.