Jerí había asumido el mando en octubre de 2025, luego de que el Congreso aprobara la vacancia de Dina Boluarte. Su gestión, pensada inicialmente como un periodo de transición hasta las elecciones de abril de 2026, quedó rápidamente marcada por escándalos que profundizaron la desconfianza ciudadana y reavivaron el debate sobre la crisis estructural del sistema político peruano.
José Jerí y las controversias que precipitaron su salida
El detonante más visible de su caída fue el llamado “Chifagate”, un caso que involucró reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Estos encuentros, realizados fuera de la agenda oficial y sin información clara al público ni a otras autoridades, generaron sospechas sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en el ejercicio del poder.
El propio Jerí reconoció errores en su comportamiento y ofreció disculpas públicas, especialmente por haber asistido a una de esas reuniones de manera encapuchada y sin registro formal. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó explicaciones y la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, lo que debilitó aún más su posición.
A este episodio se sumaron cuestionamientos previos a su llegada al Ejecutivo. Durante su etapa como congresista, fue vinculado a denuncias por supuestos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió, aunque sin sentencias firmes. Además, una denuncia por violación sexual presentada en 2025 —que fue archivada por falta de pruebas— generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y reabrió el debate sobre los estándares éticos exigibles a quien ocupa la presidencia.
Las revelaciones más recientes terminaron de sellar su destino. Informes periodísticos señalaron contrataciones estatales de mujeres tras reuniones nocturnas en Palacio de Gobierno, lo que motivó investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública. Para amplios sectores, estos hechos confirmaron un patrón de conducta incompatible con la jefatura del Estado.
Pedro Pablo Kuczynski: el inicio de la seguidilla de crisis
El ciclo de inestabilidad de la última década comenzó con Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016. Su gobierno terminó abruptamente el 21 de marzo de 2018, cuando presentó su renuncia antes de enfrentar una inminente vacancia por “incapacidad moral permanente”.
Las investigaciones por sus vínculos con Odebrecht, los pagos recibidos por empresas asociadas a él cuando fue ministro y el controvertido indulto a Alberto Fujimori erosionaron su respaldo político. La difusión de los “Kenjivideos”, que mostraban presuntos ofrecimientos a congresistas para evitar su destitución, terminó de precipitar su salida.
Martín Vizcarra y una vacancia polémica
Martín Vizcarra asumió la presidencia en 2018, tras la renuncia de Kuczynski, en un contexto de fuerte confrontación con el Congreso. Su mandato concluyó el 9 de noviembre de 2020, cuando fue vacado por “incapacidad moral permanente”.
Aunque negó haber recibido pagos indebidos cuando fue gobernador regional, el Congreso avanzó con la destitución en un proceso que muchos ciudadanos consideraron más político que jurídico. Años después, ya fuera del poder, Vizcarra fue condenado en 2025 a 14 años de prisión por aceptar sobornos, cerrando uno de los capítulos más controvertidos del periodo reciente.
Manuel Merino y el estallido social
Tras la vacancia de Vizcarra, Manuel Merino, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia el 10 de noviembre de 2020. Su gobierno duró apenas cinco días, marcados por protestas masivas en todo el país.
La represión policial dejó muertos y decenas de heridos, lo que desató una ola de indignación que obligó a Merino a renunciar el 15 de noviembre. Su breve mandato quedó asociado a uno de los momentos más críticos de la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Francisco Sagasti: un paréntesis de estabilidad
Francisco Sagasti asumió la presidencia el 17 de noviembre de 2020 como una figura de consenso para completar el periodo 2016-2021. Su gobierno de transición se centró en enfrentar la pandemia de COVID-19, reactivar la economía y organizar las elecciones generales.
Durante su mandato se negociaron acuerdos por más de 80 millones de dosis de vacunas y se fortaleció la infraestructura sanitaria. Sagasti dejó el cargo el 28 de julio de 2021 sin renunciar ni ser vacado, siendo recordado como un factor de estabilidad en medio de la turbulencia.
Pedro Castillo y el quiebre institucional
Pedro Castillo llegó al poder en 2021, pero su gobierno estuvo rodeado de investigaciones por presunta corrupción. El 7 de diciembre de 2022, el Congreso lo vacó tras su anuncio de disolver el Parlamento y gobernar por decreto, un acto calificado como intento de autogolpe.
Castillo fue arrestado y posteriormente condenado en noviembre de 2025 a 11,5 años de prisión por rebelión y conspiración. Su destitución provocó protestas violentas, especialmente en zonas rurales e indígenas, con un saldo de decenas de muertos.
Dina Boluarte y la antesala de Jerí
Dina Boluarte asumió la presidencia tras la salida de Castillo, pero su gobierno estuvo marcado por una profunda impopularidad. Las denuncias por uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, el escándalo “Rolexgate” y la crisis de inseguridad ciudadana debilitaron su gestión.
El 10 de octubre de 2025, el Congreso aprobó su vacancia por “incapacidad moral permanente”. Su salida abrió paso a la presidencia interina de José Jerí, cuya renuncia confirma que la inestabilidad política sigue siendo una constante en el Perú contemporáneo.
