Los derechos constitucionales fueron suspendidos por 60 días, y hasta los militares apoyarán a la policía.
El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en Pisco y San Andrés, situados en la región costera al sur de Lima, para frenar una ola de delincuencia, y además suspende cuatro derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.
La policía mantendrá el orden público con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se requerirá autorización previa para la celebración de eventos multitudinarios.
El gobierno extendió la medida excepcional a varias provincias de las regiones de Tumbes y La Libertad, así como a ciertas zonas estratégicas del país. Estas decisiones amplían el endurecimiento de las medidas de seguridad que ya lleva semanas vigente en Lima y en el vecino Callao, donde las autoridades buscan "combatir la delincuencia y otras situaciones de violencia".
El plan de intervención del gobierno también contempla estrictos controles penitenciarios que incluyen vigilancia militar, pruebas de polígrafo para el personal de custodia y el desmantelamiento de antenas ilegales.
Se implementarán sistemas de bloqueo de señales electrónicas en el interior de las celdas para aislar a los reclusos e impedir las comunicaciones de organizaciones criminales.
