En una audiencia de juicio abreviado, Ahumada, fue acusado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de hurto agravado reiterado en cuatro ocasiones más la pena de siete años de cárcel, con una reparación económica a las víctimas y el decomiso de un automóvil que fuera empleado para cometer los ilícitos. Según la acusación, en el marco del plan criminal común el “jefe” habría intervenido activamente en la sustracción de cuatro camionetas en distintas zonas de la provincia, manejaba y administraba la banda delictiva. Además contactaba con compradores del mercado negro (en Córdoba o Bolivia), generaba vínculos con estructuras que faciliten el paso fronterizo con los puestos de control y dividía las ganancias entre sus miembros.
En esta causa ya fueron condenados otros cuatro integrantes (a tres años de prisión de cumplimiento condicional), entre ellos, su padre.
“Siguiendo las pautas de política criminal, dispuestas por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, nos abocamos durante mucho tiempo a esta investigación sumamente compleja. Es un legajo que actualmente cuenta con 4.000 fojas, donde se llevaron a cabo muchas medidas con intervención, incluso, de la Fiscalía de Narcomenudeo y de la Justicia Federal (por el delito de contrabando). Son hechos ocurridos desde el 28 de junio hasta el 29 de julio de 2024 manifestó el fiscal Carlos Picón.
La organización tenía ramificaciones en otras provincias para cometer ilícitos respecto a robos de camionetas que posteriormente eran trasladadas a otras jurisdicciones, es decir, eran sustraídas en la vía pública a través de inhibidores o similares con destino a Córdoba, La Rioja, Salta e incluso a Bolivia.
Picón adelantó que se busca dar con el paradero de otros dos consortes (identificados en la provincia de Córdoba) que ya cuentan con pedido de capturas vigente. En tanto, la reparación económica en concepto de daños a las víctimas asciende a la suma de $15.000.000.
